La Diputada Claudia Chapa Marmolejo presentó un punto de acuerdo en el que solicita al gobierno de Nuevo León simplificar y reducir los costos de los trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Así pues, solicita que se destine una partida presupuestal en la Ley de Egresos 2025 para este propósito. Este financiamiento permitiría agilizar los trámites y regularizaciones de las MiPyMEs a bajo costo, fomentando una mejora regulatoria constante en el estado.
Inquietudes de las MiPyMEs ante los altos costos de los trámites
La Diputada Chapa Marmolejo indicó que, en reuniones recientes con representantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), los empresarios le expresaron sus preocupaciones sobre los diversos trámites que enfrentan las MiPyMEs.
Estos procedimientos no solo suelen ser complejos, sino que también resultan costosos, lo que representa un obstáculo para los emprendedores.
Según la legisladora, los costos elevados de ciertos trámites desincentivan a muchos empresarios a continuar con sus negocios o formalizarlos. De acuerdo con el Censo Económico 2019, las MiPyMEs representan el 94.9% de los establecimientos en el país, y en Nuevo León, en 2023, se registraron un total de 70 mil 018 micro y pequeñas empresas formales. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran con trámites pendientes debido a los altos costos que implica su realización.
Trámites ambientales y costos asociados
Uno de los temas principales en la propuesta de Chapa Marmolejo se centra en la necesidad de simplificar los trámites ambientales para las MiPyMEs. Entre estos, se destacan tres trámites clave: el manifiesto de impacto ambiental, el estudio de residuos de manejo especial y el estudio de descarga de aguas. El costo promedio de estos procedimientos es de aproximadamente diez mil pesos.
Además, la diputada señaló que en algunos casos se requiere contratar a un especialista para llevar a cabo estudios ambientales adicionales, cuyo costo asciende a cien mil pesos. Reducir estos gastos permitiría el fortalecimiento de políticas públicas en materia ambiental.
“Es por ello que queremos trabajar en conjunto con los empresarios en cómo les apoyamos con incentivos en algunos trámites y, de ser posible, eliminar o subsidiar el estudio de los especialistas, que es el más caro”, enfatizó Chapa Marmolejo.
Asimismo, la legisladora destacó la importancia de que la Secretaría de Medio Ambiente destine recursos específicos para apoyar a las MiPyMEs en su regularización. Esto incentivaría a los empresarios a registrarse y cumplir con las regulaciones, generando beneficios tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente.
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