La economía de Aguascalientes enfrenta una hemorragia de formalidad que las cifras oficiales ya no pueden ocultar. Según el Colegio de Economistas del estado, 7 de cada 10 microempresas operan en la informalidad, una estadística que los especialistas no atribuyen a una falta de voluntad del emprendedor, sino a una estructura administrativa y fiscal que termina por «ahorcarlas» antes de que logren soplar su primera vela de aniversario.
Bajo esta premisa, el diagnóstico presentado tras el Censo Económico 2024 revela que la alta mortalidad de los negocios —concentrada en su primer año de vida— es la respuesta natural a un entorno que exige cumplimiento sin ofrecer seguimiento.
Para el economista Cándido Aguilar, el hecho de que casi el 70% de las unidades pequeñas estén en la informalidad es un obstáculo para el crecimiento estatal, ya que les impide acceder a seguridad social y financiamiento bancario.
Sin embargo, la presidenta del Colegio, María del Carmen Corchado, es tajante: el sistema actual está diseñado para la gran industria, dejando a los pequeños negocios en un estado de vulnerabilidad total.
“Si nosotros nos vamos con todas estas reformas fiscales, esta carga que se le está haciendo a las empresas, de los salarios, de los impuestos… las ahorcamos. Es altísima la mortalidad de microempresas el primer año; quien pasa los cinco años ya tiene posibilidad de éxito”.
El fracaso del financiamiento sin acompañamiento
En ese sentido, la propuesta de los economistas busca atacar la raíz del problema: la falta de una «cultura de productividad» y el seguimiento técnico. Aguilar destaca que los créditos gubernamentales son insuficientes si no vienen acompañados de una reeducación administrativa.
De este modo, la informalidad se convierte en un refugio de supervivencia. Al no contar con herramientas digitales ni sistemas contables, el microempresario de Aguascalientes opera en una ceguera financiera donde, aunque tenga ventas, no logra generar utilidades reales que le permitan transitar hacia la formalidad.
A final de cuentas, el Colegio de Economistas advierte que para rescatar a ese 70% informal, se requiere un cambio en la narrativa oficial. No basta con dar dinero; se necesita supervisión y elevar la productividad para que el empresario pueda costear la formalidad.
“Orden dada y no supervisada, vale para nada. Los programas los promovemos, pero no hay un seguimiento de qué pasó con esas empresas después de uno o dos años. Ese dinero que te estamos prestando, ¿cómo se multiplicó? Si no hay resultados sobre eso, estamos tirando el dinero”, concluyó Corchado.
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