Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 23-Aug-2023 .-Ante 33 iniciativas en análisis legislativo en México que buscan la restricción de usos de ciertos plaguicidas, el impacto económico por la reducción de la productividad agrícola podría alcanzar los 400 mil millones de pesos.
De acuerdo con estimaciones de la asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), este monto sería por la caída en la producción de alimentos que podría contraerse en 137 millones de toneladas desde las casi 300 millones de toneladas alcanzadas en 2022.
Luis Osorio, director ejecutivo de la agrupación, explicó que ante la caída en la producción de ciertos alimentos por una mayor exposición a riesgos como plagas, cambio climático, reducción de lluvias, entre otras, los precios podrían incrementarse hasta en 600 por ciento, como sería el caso de la naranja, y aunque otros cultivos, por ejemplo, la alfalfa, el aumento sería menor, de 175 por ciento, pero su impacto alcanzaría a otras industrias como la pecuaria.
«Básicamente un cambio de estructura de lo que se tiene hoy para protección de cultivos, por uno que fuera prohibitivo totalmente, podría incluso tener un efecto multiplicador en otros rubros.
«Dependiendo de la sensibilidad de cada uno de los productos con el rango de porcentaje de caída (de producción) lo que podríamos llegar es a aumentos de hasta 600 por ciento en algunos casos», detalló Osorio en conferencia.
De acuerdo con el estudio presentado, esta afectación no sólo se reflejaría en el aumento de precios, sino que ante el incumplimiento de medidas fitosanitarias incluso las exportaciones agroalimentarias se verían afectadas, mientras que la prohibición de ciertos agroquímicos también restringiría las importaciones de los alimentos que se dejen de producir en el campo mexicano.
Roberto Escalante Soto, presidente de PROCCYT, acotó que incluso habría que revisar a detalle las implicaciones en el T-MEC.
«Habría que analizar muy bien el impacto que tendría en el T-MEC, porque si estamos importando alimentos que son tratados con productos de protección de cultivos que sean prohibidos en México, habría argumentos para que grupos cuestionen la importación de esos alimentos y eso aceleraría la presión sobre la seguridad alimentaria», cuestionó Escalante Soto.
Además, consideró que si bien es importante reforzar las regulaciones, el análisis debe ser por cada caso de plaguicida y cultivo, mientras que el tiempo de las aplicaciones de regulaciones deben ser a largo plazo, en especial en casos de políticas prohibitivas.
Ejemplificó que en casos como el glifosato, si bien se planearon dos años para reducir gradualmente su uso, a la fecha sigue sin encontrarse un producto en reemplazo.
«Veo una muy buena intención de los componentes de aumentar la producción de alimentos en México dentro de un marco de agricultura sostenible, y eso está muy bien, pero la forma no es la adecuada.
«No puedo por decreto cambiar una ley sin ser bien discutida, consensuado, sin medir las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo y los sustitutos para el agricultor», sentenció Roberto Escalante.
Y es que uno de los principales riesgos es que las iniciativas pasan a través de dictámenes propuestos a la Ley General de Salud.
«El dictamen que intenta reformar la Ley General de Salud, en donde precisamente uno de los rubros más preocupante es la tendencia, que inicialmente se proponía como un análisis gradual para ser depuración de riesgos, que no está mal, llega a la polarización total de establecer eliminación de plaguicidas en México», explicó el director de la PROCCYT.
De acuerdo con datos presentados, actualmente México se registra la presencia de casi 250 plagas de riesgo potencial, mientras que se espera que hacia 2030 la población mexicana alcance los 138 millones de personas.