El nuevo Plan de San Luis, tendrá como principal objetivo constitucionalizar todos los programa e iniciativas sociales, esto a través de su elevación a un rango constitucional para que ninguna autoridad, persona o partido político pueda hacer uso de ellos para lucrar con fines electorales o económicos.
En ese sentido, la apuesta de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, es proteger estos recursos para que se sigan entregando a la gente a través de becas alimentarias, apoyos económicos a madres solteras, adultos mayores, niñez y juventud, así como personas con alguna discapacidad, además de garantizar la gratuidad de las licencias de conducir y placas vehiculares.
Para dicha iniciativa, el mandatario enviará esta solicitud al Congreso Local potosino para que los diputados la analicen, discutan y aprueben. De ser aprobada, los programas sociales estarán protegidos por la Constitución de San Luis Potosí, no sólo durante los próximos seis años, sino para el resto de los sexenios, convirtiéndose en apoyos permanentes.
¿Cuáles son los beneficios reales?
Cuando tal proyecto sea un derecho constitucional, los programas sociales se brindarán a personas de las cuatro zonas del estado que, bajo un estudio socioeconómico, ameriten recibirlos, asimismo:
- Cualquier persona en situación vulnerable podrá solicitar el apoyo bajo el amparo de la ley
- Se evitará que próximas administraciones utilicen este recurso con otros fines
- No se podrá lucrar o condicionar la ayuda en próximos ejercicios electorales (a cambio de votos)
- Serán apoyos permanentes
En tanto, Gallardo Cardona, aseveró que se contempla etiquetar tres mil millones de pesos por año para brindar programas sociales, que sumarían 18 mil millones en cada sexenio, por lo cual la cobertura de estos estará garantizada para todas las y los potosinos que así lo requieran.