El pasado 13 de octubre del presente año, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Su finalidad es reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha modificación pretende desaparecer las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje que operan actualmente en materia laboral en todo el país, para crear tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación. La reforma contempla además que existan dos tipos de juzgados laborales: el federal, que estará bajo la competencia del Poder Judicial de la Federación y conocerá de las materias que actualmente la Junta Federal es competente. Y uno local, que estará bajo la competencia de los Tribunales de Justicia de cada estado y conocerá de los asuntos que actualmente son atendidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Si bien es verdad que los conflictos en materia laboral se regirán ante tribunales y no ante Juntas de Conciliación. La parte de la conciliación no es abrogada, ya que la misma reforma contempla la creación de un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión, presupuestal y con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo. Los centros de conciliación funcionaran en cada estado de la república y tendrán facultad de atender asuntos en materia laboral local y federal para buscar resolverlos de forma extrajudicial. La etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria previo al inicio del procedimiento ante los tribunales y podrá haber nuevas audiencias de conciliación si las partes lo solicitan.
Los artículos transitorios del decreto establecen que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Cada uno de los estados de la República incluida la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones legislativas correspondientes.
La reforma no prevé las medidas necesarias en lo que respecta al presupuesto destinado para darle entrada a dicha reforma. Este tema preocupa a las entidades federativas en razón a que ¿Cuánto dinero se va a necesitar para liquidar a los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje?, ¿Cuál será el costo de los nuevos funcionarios de los Tribunales? y ¿Cuánto dinero implicará realizar las instalaciones de los nuevos juzgados? A la fecha, son preguntas que los poderes; tanto Ejecutivo, como legislativo no han podido responder y que han generado preocupación a la federación.