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Por violar la ley electoral gobernador solo recibiría «llamada de atención»

Las consecuencias para el gobernador de Aguascalientes por violar la ley intervenir en las elecciones ordinarias y promocionar su informe de gobierno durante la veda electoral de la extraordinaria podrían derivar en una simple amonestación.

De acuerdo con el diputado priista, Jorge Varona Rodríguez, será el 12 de enero cuando la Comisión de Gobierno llegue a un acuerdo con las demás fuerzas parlamentarias sobre las sanciones que la autoridad electoral ordenó fijar al Congreso local.

La ley mexicana indica que la amonestación es una llamada de atención, advertencia o prevención ante la comisión de un ilícito. No se considera una sanción en estricto sentido porque no requiere que la infracción se cometa, solo una sospecha de que el acto podría llegar a ser ilícito.

Estas “llamadas de atención” pueden ser públicas o privadas. En el caso de la difusión del quinto informe de Carlos Lozano de la Torre, la bancada priista abogará porque sea privada; y en cuanto a lo relacionado con la intromisión del mandatario en la elección ordinaria de junio, se buscaría amonestación pública.

“Es una sanción, una llamada de atención que tiene un valor político importante”, dijo Varona Rodríguez al respecto.

En la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), quedó asentada la responsabilidad de Lozano de la Torre de “vulnerar” la ley electoral al hacer público su informe cuando solo debió haberlo entregado por escrito al Congreso local.

De igual forma, en la resolución sobre la intromisión del gobernador en la elección ordinaria de junio, el TRIFE acreditó un violación a la constitución y ordenó dar vista al Congreso para fijar la sanción.

Aunque los diputados priistas han negado la posibilidad de un juicio político, el documento del tribunal menciona que cualquier ciudadano puede formular una denuncia contra el funcionario ante el Congreso del Estado. Los legisladores determinarían si es culpable o no; de ser así, tendría que ser destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar funciones dentro del servicio público.

Si los diputados aprueban la propuesta del grupo parlamentario priista para amonestar al gobernador, se estaría aplicando la sanción más baja. En el apartado de la ley de responsabilidades de los servidores públicos donde aparece la amonestación como tipo de sanción también se considera la suspensión, destitución e inhabilitación en el cargo y sanción económica a los funcionarios que infrinjan la ley.

Cuestionado sobre el tema en entrevista colectiva, Lozano de la Torre dijo estar tranquilo.

«Lo dije desde el primer día, no fue de ninguna manera una situación intencional, y pues esperaré a que se cierre en los temas estos para luego opinar. Yo creo que debo esperar para no hacer provocaciones innecesarias», comentó.

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