Hace unas semanas escuché a Mario Beteta comentar que en la nueva designación de Ministrxs de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se buscaría que el lugar que deja la Ministra Olga Sánchez Cordero fuera ocupado por una mujer a efecto de preservar la igualdad de género. En el imaginario del conductor -y de muchos más-, la igualdad de género se satisface con “respetar” esos dos únicos espacios (de once) que tiene la Corte para las mujeres.
Pero, ¿por qué es tan importante que haya más representación de mujeres en la SCJN? En primer lugar, por un tema de justicia y de igualdad en el acceso de las mujeres al poder público y, en segundo, por el papel tan trascendental que actualmente tienen los Tribunales Constitucionales en el mundo. Y es sobre este último en el que quiero detenerme.
Una de las consecuencias más grandes de la constitucionalización de los derechos fue el nuevo papel que asumen los juzgadores, dejando atrás el viejo modelo Kelseniano del legislador negativo. El Poder Judicial y principalmente las Cortes Constitucionales son actores en la definición del proyecto de Estado. Los jueces no solo interpretan sino que crean Derecho, dando contenido y configurando los derechos. En este sentido, resulta fundamental que en la toma de decisiones participen en la misma medida hombres y mujeres, pues estas se constituyen como representantes de ese 50% de la población.
Las Cortes Constitucionales son un instrumento de transformación social y cultural, por ello resulta fundamental la perspectiva de género, que implica la consciencia y el reconocimiento de las estructuras patriarcales que mantienen a la mujer en una situación de vulnerabilidad y discriminación, haciendo necesario el establecimiento de leyes, acciones afirmativas, políticas públicas y el reconocimiento de derechos que no solo nivelen las desigualdades, sino que las protejan y defiendan.
Se trata de empoderar a las mujeres en la toma de las decisiones que afectan directamente a las mujeres. Es decir, contribuir en la decisión colectiva con argumentos construidos desde la empatía y los intereses afines, pero, sobre todo, desde la experiencia personal que solo vive el sujeto oprimido y que permite la identificación real y de fondo de las problemáticas que causan la opresión.
El compromiso del Estado mexicano con la igualdad de género no debe resumirse al establecimiento de leyes, normas o incluso de políticas públicas. Un verdadero compromiso radica en poner a las mujeres en los lugares de toma de decisiones, de empoderarlas para que sean ellas mismas quienes establezcan soluciones. Este año quedan dos sillas vacías en la Corte, la de la Ministra Olga Sánchez Cordero y del Ministro Silva Meza; en 2018 salen otros dos, el Ministro Cossío Díaz y la Ministra Luna Ramos, un total de 4 Ministros, ¿por qué no dar esos espacios a las mujeres? Considero que se acerca un poco más al concepto de igualdad de género una Corte formada por cuatro mujeres y siete hombres que la conformada actualmente.
Y, por último, ya si de peticiones se trata, buscar mujeres -y hombres- comprometidas con la lucha por los derechos humanos; formar una Corte progresista pues, citando a Alda Facio, “defender derechos humanos es salirse del modelo patriarcal”. El Presidente y el Senado de la República deben, en su facultad para designar a los integrantes de la SCJN, buscar candidatxs comprometidxs con los derechos los derechos humanos y capaces de juzgar con perspectiva de género para generar los cambios en materia de igualdad de género que México requiere.
