Por lo menos desde mediados del siglo pasado, se ha producido una abundante cantidad de literatura académica sobre lo que hoy llamamos, cotidianamente, la “triple hélice”, que no es otra cosa más que alinear de forma inteligente y eficaz la acción de los gobiernos, las empresas y las instituciones académicas para producir un fin determinado, en este caso innovación, productividad, competitividad y crecimiento económico. Dicho así, ¿por qué ha sido tan difícil lograr esa sinergia en México? Veamos.
Quizá la primera razón es que el desarrollo económico del país –primero agrícola, luego industrial y ahora de servicios– a lo largo de la mayor parte del siglo XX, se fue gestando de manera práctica, con experiencias aprendidas al momento de ejecutar los procesos productivos, bajo esquemas de ensayo y error; todo lo cual seguía de alguna manera los mismos principios de los talleres de artes y oficios característicos desde la Edad Media. De hecho, no fue sino hasta la década de los años cuarenta que algunos empresarios mexicanos se fueron dando cuenta de que tenían necesidad de formar capital humano más o menos especializado para sus negocios y siguiendo el modelo del Massachusetts Institute of Technology (MIT), fundado en 1861 en los Estados Unidos, crearon algunos tecnológicos con ese enfoque. Otros, sin embargo, nunca creyeron en ese camino; es bien conocido el ejemplo del fundador de J.M. Romo, que tenía por norma no contratar profesionistas.
Las universidades públicas, por su parte, en la tradición liberal de las humanidades, las ciencias sociales, algunas ingenierías y la medicina con que nacieron, tardaron décadas en comprender que la vinculación con las empresas era un objetivo estratégico si querían agregar innovación y valor a la economía nacional y a la propia educación que impartían, un proceso que apenas se intensificó en los años noventa, en consonancia con la apertura económica y comercial de México hacia el resto del mundo. Y el gobierno, por su lado, que todavía hasta 1982 era fuertemente estatista e intervencionista, nunca vio la necesidad de formar parte de ese círculo virtuoso porque equivocadamente pensaba que era autosuficiente y que uno de sus papeles era ser “estado productor”, lo que en la realidad se convirtió en “estado depredador”. La combinación de todos esos factores explica que, si bien México es una de las primeras quince economías en el mundo y una potencia exportadora, sus niveles de innovación y productividad, de valor agregado en los bienes y servicios que produce, y de salarios competitivos, son bajos y en algunos casos mediocres.
Ahora bien, a pesar de que la oferta de educación superior, la industria y la manufactura, y, hasta antes del gobierno actual, la apertura y modernización del sector público han crecido y se han diversificado, seguimos sin tener una triple hélice verdaderamente estrecha y funcional, con algunas excepciones en sectores donde pesa, principalmente, la inversión extranjera directa, como en el automotor o el aeroespacial. En muchos casos, esta insuficiencia obedece a que los empleadores no encuentran en las universidades lo que buscan: 42 por ciento dice tener problemas para dar con los perfiles requeridos y su percepción de la calidad de los egresados es de 3.9 puntos sobre una calificación máxima de 7 (OCDE) y, en América Latina, el 75 por ciento de las empresas identifica la falta de personal calificado como restricción significativa. Y por su lado, las universidades, presionadas por crecer la matrícula a cualquier costo, no han generado una nueva oferta basada en criterios de mucho mayor pertinencia y calidad que conecte bien con los mercados económicos y laborales. Una anécdota: en 1992 le pregunté al entonces rector de la UAA, Gonzalo González, cómo andaba la empleabilidad de sus egresados; su respuesta fue la siguiente: “no lo sé, nuestra responsabilidad termina cuando les damos el título”. Ésa era la mentalidad prevaleciente.
Esto explica parte de los problemas actuales. En 2017, a petición del gobierno mexicano, una consultora (Indra) realizó un estudio para identificar las brechas formativas y de talento entre la oferta educativa superior y las demandas de los 16 principales sectores económicos. Los hallazgos fueron claros: si bien el perfil en distintas carreras y especialidades tiene déficits, la solución no se encuentra en aumentar la matrícula egresada, ya que el superávit de perfiles generalistas logra cubrir esas brechas; lo que se necesita es un esfuerzo de última milla o de transición, donde se genere una especialización que satisfaga las necesidades de sectores específicos.
Según el estudio, tales brechas se deben principalmente a tres factores: crecimiento acelerado de industrias, baja inserción de egresados en industrias manufactureras y estándares bajos de calidad educativa. Más aún, algunos indicadores en materia de empleabilidad, retornos financieros de la educación y capacidades base, exhiben brechas que indican que la sola obtención de un título universitario ya no garantiza automáticamente movilidad económica y social relevante. De hecho, las brechas podrían aumentar en al menos 8 de los 16 principales sectores económicos en los siguientes años. Esta situación es una clara advertencia, ya que de continuar así será mayor el costo que el beneficio de haber estudiado una carrera, al menos desde el punto de vista estrictamente salarial, y la productividad seguirá siendo modesta.
En los próximos años, el crecimiento sostenido de nuestra economía y del bienestar social dependerán de la mayor competitividad que logremos como país y de la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Y en ese horizonte, el desarrollo de un capital humano de muy alto nivel seguirá siendo el factor crítico, y llevará por ende a una gradual disrupción en el modelo de la educación superior, a reinventar y renovar estas instituciones y centros de investigación para alcanzar una educación pertinente y de extraordinaria calidad que responda a lo que México y sus empresas esperan de ellas.