El ajuste a la tarifa del transporte público en Jalisco, con impacto directo en la economía cotidiana de millones de personas usuarias, fue analizado en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, en la que comparecieron autoridades responsables de la política de movilidad y finanzas públicas para explicar los fundamentos técnicos, legales y presupuestales del incremento y del subsidio estatal vigente.
La sesión fue presidida por el diputado Julio César Hurtado Luna y contó con la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y del secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quienes expusieron los criterios utilizados para determinar el ajuste tarifario y los mecanismos de apoyo económico para los sectores más sensibles.
Impacto económico y cuestionamientos legislativos en Jalisco
Durante el encuentro, legisladoras y legisladores plantearon preocupaciones vinculadas al impacto del aumento en el gasto familiar, particularmente en hogares que dependen del transporte público como principal medio de movilidad laboral, educativa y de servicios.
Entre los principales cuestionamientos se señaló la percepción ciudadana de un incremento inmediato, aplicado sin mejoras visibles en la calidad del servicio, así como la necesidad de mayor claridad sobre los costos reales de operación del sistema, el destino del subsidio público y los mecanismos de supervisión para asegurar que el apoyo estatal se traduzca en una movilidad más eficiente.
También se solicitaron explicaciones sobre la obligatoriedad del uso de la tarjeta electrónica para acceder a descuentos, el funcionamiento del comité técnico tarifario y la suficiencia presupuestal para sostener el subsidio en el mediano plazo, especialmente para personas adultas mayores y con discapacidad.
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Fundamentos legales y estructura del ajuste tarifario
En respuesta, las autoridades comparecientes señalaron que el ajuste a la tarifa responde a un mandato legal previsto en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, el cual establece un proceso de indexación anual basado en variables económicas como el precio de los combustibles, los salarios del sector y la inflación específica del transporte.
De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el incremento refleja el aumento sostenido en los insumos operativos del sistema, mientras que la Secretaría de la Hacienda Pública explicó que el esquema financiero contempla subsidios focalizados para contener el impacto en los grupos de mayor vulnerabilidad, sin comprometer la viabilidad operativa del servicio.
Subsidio, tarjeta única y mecanismos de seguimiento en Jalisco
Las autoridades detallaron que el modelo vigente prioriza el uso de la tarjeta única de transporte como herramienta para aplicar descuentos y apoyos diferenciados, con el objetivo de mantener el servicio accesible para la mayoría de las personas usuarias y mejorar la trazabilidad del subsidio.
Asimismo, se informó que el esquema cuenta con mecanismos de seguimiento, evaluación y publicación de información, conforme a la normatividad estatal, para dar mayor transparencia al uso de los recursos públicos destinados al transporte.
Desde una perspectiva económica, el subsidio busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la protección del ingreso disponible de los hogares, en un contexto de presiones inflacionarias y aumento generalizado de costos.
Participación legislativa y enfoque institucional en Jalisco
En la sesión participaron las diputadas y los diputados Tonatzin Cárdenas Méndez, Leonardo Almaguer Castañeda, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, Alondra Getsemani Fausto de León, Itzul Barrera Rodríguez, José Guadalupe Buenrostro Martínez y Alejandra Giadans Valenzuela, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la comunicación pública, la evaluación técnica y el seguimiento de resultados del ajuste tarifario.
Transporte público como eje de competitividad urbana en Jalisco
Para el entorno empresarial y productivo de Jalisco, el transporte público representa un factor clave de competitividad, al incidir directamente en la movilidad laboral, la productividad y la eficiencia de las ciudades. El debate legislativo refleja la relevancia de alinear la política tarifaria con una visión de largo plazo, donde el equilibrio entre costos, calidad del servicio y accesibilidad sea un componente central del desarrollo económico estatal.
