El 28 de diciembre, México atravesó un apagón masivo que dejó sin luz a aproximadamente más de 10.3 millones de usuarios en por lo menos 15 entidades de la República, según reveló la Comisión Federal de Electricidad. 

El siniestro ocurrió tras registrarse problemas en líneas de transmisión de Tamaulipas, Mazatlán y Tepic, lo que sacó de operación a 16 centrales de generación de electricidad, originando un desbalance entre la energía producida y la que se consume. 

Para hallar un evento similar en el país, habría que remontarse medio siglo atrás, menciona Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la comisión de Energía de Coparmex Aguascalientes:

“La última vez que ocurrió un apagón ‘similar’ al del 28 de diciembre, y ni siquiera de esa magnitud que afectó a tantos usuarios y estados, fue en 1971. Hace más de 50 años que no ocurría esto”, manifiesta. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arguyó que el apagón se debió a un incendio en el municipio de Padilla, Tamaulipas, ocasionado por los vientos del Frente Frío 23. No obstante, Protección Civil de Tamaulipas desmintió la versión después de que la CFE presentó un documento apócrifo para sustentar su versión. 

“Las pruebas que se tienen es que este fallo se origina, ya sea por parte de un generador o de una carga muy grande, y que no estaba en cumplimiento el Código de Red”, indica Ávila Hernádez.

El Código de Red son las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitidas por la Comisión Reguladora de Energía.

“Esta situación deriva de las políticas públicas implementadas por la administración actual y tienen dos aristas: el tema de austeridad y el no darse cuenta de que ya están en el manejo de un país”, expresa Juan Manuel.

La política de austeridad, reflejada en la desmantelamiento de un órgano como la Comisión Reguladora de Energía y la desconfianza hacia los especialistas técnicos ha encaminado a una fuga de talento y gente capacitada en estos menesteres.

«Toda la gente con capacidad técnica que conocían muy bien el manejo del sistema eléctrico ya no están en el gobierno«, expone el presidente de la Comisión de Energía de Coparmex. Por ello, para el especialista no resultaría atípico ver en un futuro próximo más situaciones como la presentada el 28 de diciembre.

Responsabilizar a las renovables, ‘elemento propagandístico’.

Momentos posteriores al incidente, el director  del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Carlos Meléndez, apuntó a las energías renovables como origen del siniestro.

«El sistema era débil por la alta integración de energía renovable y por las líneas de transmisión que quedaron fuera de servicio«.

En declaraciones para El Financiero, el especialista en el sector energético, Paul Sánchez, declaró que las palabras vertidas por el titular de CENACE obedecen al «triunfo de la retórica política sobre el pragmatismo técnico«: 

“No me satisface técnicamente la explicación y creo que están haciendo gala de la situación para mover el discurso de las renovables y con eso disminuir la participación de estas y aumentar la participación de la generación base de CFE”, dijo al diario.

“Son declaraciones propagandísticas”, agrega Juan Manuel Ávila sobre lo expresado por Meléndez. “La línea pudo haber fallado por un tema técnico, o incluso pudo ni siquiera ser responsabilidad de la CFE, pero por eso se implementó el Código de Red. El problema es que se ha despedido a alrededor del 70% del personal que trabaja en la Comisión Reguladora de Energía, ¿cómo esperas que el Código de Red se cumpla? Se vuelve letra muerta. Las herramientas ahí están. Incluso hubo una licitación para reforzar esa línea, pero el Gobierno Federal la canceló”. 

A inicios de 2019, el Gobierno Federal canceló dos licitaciones de megaproyectos de transmisión eléctrica. Uno era la línea de Transmisión de Corriente Directa Yautepec-Ixtepec, de 1,221 kilómetros de circuito y con una longitud lineal de más de 600 kilómetros que abarcaría la CDMX, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. El objetivo de esta línea era desahogar la generación renovable del sur-sureste del país, según reseñó El Economista. 

El otro proyecto era la Interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, el cual consideró la instalación “de 1,400 kilómetros de circuito con tecnología HVDC (corriente directa en alta tensión) para conectar con una capacidad de 1,500 megawatts a la Península de Baja California».

Las dos licitaciones suponían una inversión de más de 3,300 millones de dólares y eran calificadas como dos de los proyectos energéticos más ambiciosos en el pasado reciente del país. 

“Esto funciona como si fueran avenidas. Entre más avenidas tengas, más flujo habrá. Si solo tienes una vía y se congestiona, tendrás más problemas. Si nosotros tenemos un cuello de botella en Sonora y otro en Oaxaca, donde ahí habría una línea que llegaría hasta la región central para desahogar fuentes renovables de energía eólica, pues estamos congestionando avenidas que de por sí ya son viejas. El Gobierno anterior  dejó todo preparado para hacer las nuevas, pero esta  administración decidió cancelar las licitaciones”, manifiesta Ávila, quien advierte que estas decisiones podrían derivar en más apagones en las regiones anteriormente mencionadas. 

El especialista menciona que una alternativa, en tanto el gobierno no manifiesta intención en descongestionar las líneas de transmisión desarrollando nuevas, es la migración hacia redes descentralizadas, algo por lo que está apostando fuertemente países europeos como Alemania. 

Señala que si la administración federal aduce limitaciones financieras, bien podrían hallarse esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP)