La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador “cedió” a las demandas de los gobernadores y anunció que el Gobierno Federal permitiría a las administraciones locales y a la iniciativa privada comprar vacunas contra la COVID-19.
Esta semana, el acuerdo fue formalizado al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se establece que tanto los gobiernos estatales como las empresas deberán actuar con apego a la Política Nacional de Vacunación.
La avenencia suscitó reacciones positivas por parte de los mandatarios. Por ejemplo, Martín Orozco Sandoval aplaudió en su cuenta de Twitter la medida definida del Presidente de México:
El decreto establecido por el Gobierno Federal también motivó a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional a emprender la implementación de un esquema de cooperación público-privado para adquirir y aplicar vacunas.
No obstante, a pesar de la creencia generalizada, la disposición emitida por el Gobierno Federal no representa un gran avance para acelerar la campaña de vacunación en México. ¿Por qué?
Problemas en la producción
El 22 de enero, el mismo día en el que Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud publicar el decreto permitiendo a los estados y a la IP la compra de vacunas contra COVID-19, la Alianza Federalista criticó al presidente calificando el anuncio como “tardío y engañoso”.
“Hay que entender que la producción mundial de las vacunas cuenta con contratos de compra desde hace meses, que hace difícil encontrar la disponibilidad de la misma en los laboratorios que la producen. Por ello, aunque consideremos que el anuncio del día de hoy es tardío y engañoso, haremos un esfuerzo para lograr fortalecer desde lo local la estrategia nacional de vacunación”, declaró el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.
La Alianza Federalista percibió como inoportuno el momento del decreto, pues las grandes farmacéuticas ya tienen amarrada la venta de su producción para el futuro a corto y mediano plazo, dificultando encontrar lotes de vacunas en el horizonte más cercano. Incluso, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, sostuvo pláticas con representantes de AstraZeneca en México para ver la posibilidad de adquirir las inyecciones en caso de que la empresa tenga algún excedente en el corto plazo.
El 25 de enero, tres días después de las críticas vertidas por la Alianza Federalista al Gobierno Federal por la demora del permiso, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional reveló que tanto Pfizer/BioNTech como AstraZeneca mencionaron momento no hay disponibilidad en la producción, por lo que el suministro de las inyecciones demoraría hasta diciembre o principios de 2022.
“Representantes comerciales de AstraZeneca México y de Pfizer México nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año. Seguiremos contactando de forma directa a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del Gobierno de México«, suscribe el mensaje publicado en redes sociales.
La alta demanda de vacunas ha puesto en una situación compleja a las farmacéuticas que ahora se ven en problemas de cumplir con los contratos firmados con diferentes naciones para el abasto del biológico.
La Unión Europea sopesa la posibilidad de demandar a AstraZeneca por el retraso en el envío de las vacunas, después de que la empresa anunció que reduciría en un 60% el lote de antídotos que acordó mandar con Bruselas para el primer trimestre de 2021. Pfizer también enfrenta problemas con el bloque comunitario, mientras Italia reveló que emprenderá acciones legales contra la farmacéutica por retrasos en la entrega de vacunas.
No hay mercado de vacunas
Otro aspecto importante que detiene a las entidades y a los entes privados de adquirir la vacuna es que ahora mismo no hay un mercado abierto que les permita comprar el biológico contra la COVID-19.
A través de un post en LinkedIn, el especialista en temas de Salud, Xavier Tello, detalló que “las vacunas disponibles actualmente únicamente cuentan con ‘autorización para uso de emergencia’. Como su nombre lo indica, esto solamente permite…su utilización durante la emergencia”.
En la publicación, Tello explica que para que un medicamento, biológico o dispositivo médico pueda ser comercializado de forma privada, “requiere de un registro sanitario completo. En el caso de México, como en el de otros países, esto requiere completar y documentar perfectamente y someter a Cofepris un dossier que incluye: certificados de buenas prácticas de manufactura, certificaciones analíticas y de estabilidad, control de calidad y procesos de análisis del biológico, con los cuales aún no se cuenta”.
Derivado de lo anterior, se estima que la comercialización de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (por lo menos en México) demorará unos cuantos meses más, hasta que las farmacéuticas concluyan sus estudios y presenten sus resultados ante los organismos regulatorios (Cofepris en nuestro país), además de avalar los requisitos anteriormente mencionados.
“En este momento, toda la producción de los laboratorios que ya cuentan con autorización de uso de emergencia, está siendo encaminada a proveer directamente a los gobiernos de los países y las entregas que han contratado son para atender de manera gratuita a sus ciudadanos; es decir, ningún laboratorio cuenta en este momento con presentaciones comerciales de sus vacunas, ni inventarios para comercialización privada. Una vez más, no hay nada qué comprar, porque no hay nada a la venta”, sostiene Xavier Tello.
La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) se pronunció de manera similar, al señalar que por ley, la iniciativa privada no tiene posibilidades de importar vacunas COVID-19 debido a que actualmente tienen registro sanitario de emergencia y no definitivo.
«Existe un marco legal internacional que dice que los gobiernos de las naciones son los únicos que pueden comprar o adquirir las vacunas que tienen registro de emergencia«, expresó Guillermo Funes, presidente de la Comisión de la Salud de CONCAMIN.
Por lo pronto, los estados de México y sus gobiernos deberán sujetarse a los tiempos que marca la Federación para vacunar a su población, una campaña que parece extenderse hasta el primer trimestre de 2022.
