La universidad pública más cara del país. Así es como a menudo se llama a la Universidad Autónoma de Aguascalientes debido a las colegiaturas que cobra. Junto con otras cuatro universidades (la de San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua y Ciudad Juárez), la UAA se disputa los lugares de las universidades no privadas que más cobran en México. Sus estudiantes pagan un promedio de 7,000 pesos al semestre por cursar una carrera de su oferta de pregrado. ¿Por qué pasa esto en una institución que supuestamente está subsidiada con recursos públicos?

La respuesta podría encontrarse en la ideología con la cual fue concebida la universidad. De 1973 a 1974, se hizo la transición del Instituto Autónomo de Ciencia y Tecnología (IACT) a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Según las memorias del IACT, Humberto Martínez de León, primer rector de la UAA, promovió un tipo de institución que no dependiera del dinero del Estado para asegurar la calidad educativa y librarse de “vicios”.

Desde sus inicios la institución consideró al estudiante de educación superior como una persona privilegiada

En ese entonces, se creía que era una utopía elevar los niveles académicos y aumentar la oferta educativa si se dependía exclusivamente del auxilio oficial, pues tanto el gobierno federal como el local tenían “otros graves problemas que resolver”. Por eso, los fundadores llegaron a la conclusión de que la UAA debía abandonar el sistema tradicional y cobrar al estudiante el costo de su educación. Para quienes no pudieran pagar de inmediato, se creó un mecanismo financiero conocido como Crédito Educativo, el cual existe actualmente y permite al alumno saldar su deuda después de graduarse.

Amador Gutiérrez Gallo, exmiembro de la Junta de Gobierno y docente jubilado de la universidad, confirma lo que se establece en las memorias. En entrevista, comenta que desde sus inicios la institución consideró al estudiante de educación superior como una persona privilegiada. Debido a esos privilegios, debía cooperar económicamente con su educación, además de que se creía que la apreciaría más si pagaba una cuota.

Fiel a la ideología con la cual se creó la UAA, el Consejo Universitario aprobó en 1995 un acuerdo para aumentar el cobro anualmente, tomando en cuenta el salario mínimo o porcentaje de inflación. Así, alguien que hubiera iniciado su carrera en 2011 comenzó pagando 788 pesos al mes y si este fuera su último semestre, pagaría 962 pesos.

A pesar del deseo de la institución de no depender del dinero oficial, gran parte de su presupuesto viene de recursos públicos. Según su informe financiero de 2015, recibió 296,303,900 pesos por parte del estado y 728,057,869 pesos de la federación. En cuanto a ingresos propios, juntó 320,723,290 pesos, cifra que incluye el pago de matrículas, colegiaturas, derechos de examen y otros conceptos. Esto significa que la comunidad universitaria aportó más que el propio gobierno estatal. Este hecho fue celebrado por el rector Mario Andrade Cervantes ante los medios de comunicación, al decir que la UAA es de las tres universidades del país que aportan más recursos propios y no solo funcionan con subsidios gubernamentales.

Administración versus Constitución

La UAA sigue siendo una universidad pública, a pesar de la ideología con la cual fue creada. Eso nos lleva a otra pregunta: ¿la educación pública debe cobrarse? La ley dice que no, pero la práctica la contradice. Según el artículo 3 de la constitución mexicana, toda educación que imparta el Estado debe ser gratuita, incluyendo el nivel superior; sin embargo, la mayoría de las universidades públicas de México cobran a sus estudiantes.

Algunas posturas son tajantes respecto a esta situación. Por ejemplo, la de Netzahualcóyotl Aguilera Ruiz Esparza, catedrático, periodista e investigador aguascalentense, quien afirma que las cuotas son inconstitucionales y que la UAA fue la primera universidad pública en cobrar como si fuera privada. Para él, desde sus inicios la institución fue concebida como una empresa que vende enseñanza.

«Lo que hizo la UAA fue aprovechar el presupuesto estatal para funcionar como institución privada. El sistema departamental fue un pretexto para cobrar y meterle la idea a la gente de que debía pagar…»

Aguilera fue secretario general del IACT y vivió el proceso de cambio hacia la UAA. Comenta que Humberto Díaz de León promovió el sistema departamental bajo el cual se rige la universidad como un modelo ideal de organización. Dicho sistema fue ideado por Rudolph P. Atcon, un asesor estadounidense de la UNESCO, responsable de reformar algunas universidades latinoamericanas como la de Concepción, en Chile, la cual es privada.

Sin embargo, el catedrático considera que en lugar de ser un modelo de organización académica es un sistema que propicia la visión de lucro y que responde a intereses económicos, políticos y religiosos, ajenos a los académicos y propios de una universidad laica.

“Lo que hizo la UAA fue aprovechar el presupuesto estatal para funcionar como institución privada. El sistema departamental fue un pretexto para cobrar y meterle la idea a la gente de que debía pagar, pero académicamente nunca ha funcionado como tal”, asegura.

Gerardo Ramos Olaguibel, investigador en educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concuerda con la visión del exsecretario del IACT: por ley, las universidades subsidiadas por el Estado no deberían cobrar a los alumnos por sus estudios; pero a esto se anteponen los artículos de las leyes orgánicas universitarias, que en su mayoría lo permiten.

De acuerdo con el investigador, el que las instituciones de educación superior promuevan cuotas para compensar la falta de recursos brindados por el Estado es una consecuencia de la implantación del neoliberalismo como ideología política. Es decir, se intenta abandonar la concepción de que el Estado debe ser quien brinde a la sociedad lo que necesita: seguridad, empleo, salud y educación.

Educación para privilegiados

Netzahualcóyotl Aguilera opina que la UAA tiene un tipo de enseñanza que no responde a los intereses de la ciudadanía, sino que persigue otro fin: dar a los alumnos un título para que aspiren a una mejor posición social, sin promover en ellos una actitud de cambio de las condiciones económicas de toda la sociedad.

Por su parte, Ramos Olaguibel sostiene que la visión de que la educación es un privilegio tiene razón en algunos puntos. A fin de cuentas, las estadísticas muestran que son pocas las personas que logran tener estudios universitarios. Pero los factores tienen mucho que ver con recursos económicos: no todos pueden estudiar, trabajar y aportar dinero para sus estudios y familia al mismo tiempo.

Ante dicha situación, el investigador cree que sin importar el tipo de educación que se imparta, esta debe relacionarse con un proyecto económico y social.

“Yo no veo ese proyecto en nuestro país. Lo que sí hay son egresados que no consiguen empleo y al final, [el sistema educativo] sigue siendo una élite, porque quienes obtienen mejores condiciones son los que están inscritos en los grupos de poder, son los que tienen esas posibilidades y no el pueblo”, menciona.

La encrucijada de la UAA

¿Se puede revertir esta situación? Ramos Olaguibel cree que sí, y pone como ejemplo el movimiento estudiantil de la UNAM de fines del siglo XX, con el cual se logró detener la intención del Consejo Universitario de elevar las cuotas de inscripción. Sin embargo, advierte que fue algo que los estudiantes lograron con ayuda de varios sectores.

“Tuvieron la habilidad suficiente para cuestionar a la autoridad, recibieron asesoría legal y se apoyaron de investigadores, catedráticos. Consiguieron el apoyo de la población para lograr su objetivo”, comenta.

El problema es que no en todas las universidades se ha presentado una situación similar. Para el investigador, uno de los motivos es que los alumnos no se movilizan: “la cooptación hace que los alumnos sean pasivos ante el designio o las decisiones de las autoridades universitarias”.

En la UAA, hubo un movimiento estudiantil en 2014 que intentó frenar el aumento anual de las colegiaturas. La presión del alumnado hizo que las autoridades accedieran a no aplicar el aumento en 2015. El acuerdo no sirvió de mucho, pues al año siguiente las colegiaturas incrementaron el doble: 8 por ciento.

Organizar un movimiento como el de la UNAM requiere preguntarse primero qué debe ser una universidad, menciona Aguilera, y algo que se debe tener claro es que no puede tener una base mercantil. Para él, una universidad debe estar gobernada exclusivamente por estudiantes y profesores, y alcanzar tres propósitos: organizar el saber, perfeccionar la cultura y difundir ambos para contribuir al bien común, empezando por los que más lo necesitan (de manera gratuita).