Uno de los puntos fundamentales del nuevo sistema penal -en vigor en todo el territorio nacional desde el 18 de junio- afecta directamente a la población penitenciaria. El presunto culpable será ahora presunto inocente. Los procesos serán más eficientes, lo que ayudará a reducir drásticamente uno de los grandes problemas de las cárceles mexicanas: la sobrepoblación.
Compartimos unos datos preocupantes que explican por qué es tan necesaria esta medida y qué tiene que ver con los derechos humanos de las personas en México:
- Según la organización México Evalúa, a nivel nacional, 96.4 por ciento de los delincuentes reciben sentencias condenatorias; mientras que solo 3.6 por ciento tienen derecho a sanciones alternativas.
- En México, 58.8 por ciento de los sentenciados a cárcel purgan condenas con una duración menor a tres años.
- En el caso de Aguascalientes, de acuerdo con la misma fuente, 83.2 por ciento de los internos de los centros de readaptación social (Ceresos) cumplen penas menores a tres años; 9 por ciento, de entre tres a siete años; y 7.8 por ciento, mayores a siete años.
- De la población carcelaria de la entidad, 82 por ciento purgan una condena de competencia local y 18 por ciento, de competencia federal.
- En el estado, hay un custodio por cada 3.8 delincuentes; mientras que la media nacional es de 5 custodios.
- Uno de los principios de la reinserción social de los sentenciados, establecido en el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se basa en el respeto a los derechos al trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.
- El fracaso del sistema penitenciario mexicano tiene que ver con el incumplimiento de los derechos humanos.