El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Querétaro, Jorge Luis Camacho Ortega, lamenta que no se haya otorgado nueva prórroga a las empresas para la implementación de la nueva Ley de Subcontratación a partir del 1 de enero de 2022 (plazo que sí se otorgó al sector público) puesto que esto afectará directamente a las empresas.
El líder empresarial señaló que, de acuerdo a cifras actualizadas, son alrededor de 106 mil empresas las que ya iniciaron su trámite ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), pero sólo 48 mil 444 han obtenido dicho registro, lo que pone en riesgo miles de empleos e incluso el posible cierre de empresas.
“Lo lamento, porque ha sido la primera reforma en esta administración federal que se negoció entre el gobierno, la iniciativa privada y el sector social, y que, por no dar el tiempo suficiente, se puede venir abajo”, indicó el presidente.
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En términos locales, el titular del sindicato patronal consideró que alrededor de un 60% de las empresas que ofrecen un servicio de subcontratación han podido registrarse ante el REPSE, lo que pone en riesgo de recibir sanciones de hasta 4 millones de pesos al 40% de empresas que no han podido iniciar su trámite, entre otras circunstancias, por tener pendientes con el SAT, el IMSS o el Infonavit.
Seguridad, construcción y promoción, sectores más afectados
Camacho Ortega indicó que no dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación afectaría a por lo menos tres sectores de la economía: la construcción, seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
Pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, Jorge Camacho señaló que siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, lo que ha creado confusiones que podrían generar paros en algunas de sus operaciones, pues, al no estar registradas, las facturas que emitan no serán deducibles.
En este sentido, el titular de la COPARMEX reconoció el avance de las empresas que han logrado su registro y señaló que seguirán insistiendo ante la STPS y el Congreso de la Unión para que se homologue el plazo de implementación al 1 de enero de 2022 y se evite la pérdida de empleos y afectaciones a la economía.
Además, el presidente reiteró que desde la asociación hay disposición para trabajar a favor de acciones que beneficien a los emprendedores y colaboradores de las empresas, así como al desarrollo económico del país, pues aseguraron que la iniciativa privada sí quiere cumplir con la Ley, pero solicitan el tiempo necesario para poder hacerlo.