La opacidad sobre el gasto que el estado destina a la compra de espacios a medios de comunicación para anunciar sus acciones y decisiones es una práctica persistente en Aguascalientes, según apunta el “Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2013” del Centro de Análisis e Investigación Fundar y la ONG pro derechos humanos Article 19.
Aguascalientes reveló que durante 2012 erogó un total de 71 millones 16 mil 658.35 pesos en la adquisición de publicidad oficial en medios. Si bien representa una disminución superior al 51 por ciento en ese gasto, la administración estatal declaró información reservada los montos pagados por tipo de medio –radio, prensa, televisión e Internet-, los montos pagados por nombre del proveedor y los montos destinados a cada concepto o campaña realizada en ese año.
De una calificación máxima de 6 estrellas, que toma en cuenta sólo la calidad de la primera respuesta, Aguascalientes ha obtenido 2 desde 2011, cuando comenzó realizarse el estudio.
“Estados como Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Nayarit y Tabasco persisten en negar el acceso a la totalidad de la información utilizando los mismos argumentos de ejercicios anteriores”, señalan Fundar y Article 19 en el trabajo, quienes consideran la reserva de este tipo de información como indebida e ilegal.
De acuerdo con la respuesta dada a la solicitud de acceso a la información registrada con el número 22666, en el expediente PAI.002.22927/14, consultada por Líder Empresarial, existe un acuerdo de reserva de “la información contenida en los contratos de prestación de servicios por tiempo determinado en materia de difusión, celebrados con los diversos medios de comunicación, ya sean televisivos, radiofónicos, prensa escrita, electrónicos, virtuales y de cualquier otra índole es clasificada como reservada” vigente a desde septiembre de 2011.
Según se lee en el acuerdo de reserva, entregar la información daña o pone en riesgo la realización de un interés del estado. Además, se trata de información de particulares recibida por la administración pública bajo la promesa de reserva y puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.