A tres días de que Aguascalientes inicie formalmente la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la legislación estatal en la materia carece de un catálogo de delitos graves.
Así lo señaló Juan Manuel Ponce, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, durante el curso que impartió a un grupo de periodistas esta mañana. El titular del poder judicial aclaró que dicho listado está consignado en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el que se trabajará.
El presidente de la comisión de justicia en el Congreso local, Luis Fernando Muñoz, admitió que “dentro de los trabajos de implementación del proceso de reforma en materia de justicia, en algún momento deberemos de hacer una recatalogación de los delitos en Aguascalientes, para hacer un capítulo o un apartado de lo que se podría considerar delitos graves”.
La importancia del catálogo de delitos graves radica en que, en el nuevo sistema, una persona solo podrá ser sujeta a prisión preventiva cuando se le acuse de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, así como “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Actualmente, el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales de Aguascalientes contempla como delitos graves, entre otros, el robo equiparado, robo calificado, atentados al desarrollo urbano ordenado y homicidio, aborto y lesiones culposos en determinados casos.
Los delitos graves comenzarán a abordarse gradualmente dentro del nuevo sistema de justicia desde mayo de 2015 en Aguascalientes.
A partir del próximo viernes, el nuevo sistema de justicia entrará en vigor solo en el tercer partido judicial, que comprende los municipios de Pabellón de Arteaga, Asientos, San Francisco de los Romo y San José de Gracia, y exclusivamente para delitos de querella, patrimoniales y no violentos.
Otras novedades que Ponce Sánchez destacó hoy fueron:
- La utilización de sistemas informáticos para la coordinación del trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial.
- La publicidad de las audiencias, salvo en algunas excepciones.
- La eliminación de la prisión preventiva en algunos casos.
- La protección de los datos personales y la presunción de inocencia del imputado.