Durante las últimas dos décadas y media, ha estado presente la idea de crear una Secretaría de Cultura. Ahora, anunciada por el presidente, la transición que ésta supone debe ser aprovechada para reflexionar sobre el papel del gobierno como gestor cultural y producir una institucionalidad mucho más moderna, eficiente y acorde a las características del siglo XXI.
Pero, ¿debe el Estado tener una política cultural? En caso afirmativo, ¿cuál debe ser? O planteado de otra forma, ¿a qué se refiere exactamente con cultura? ¿Se piensa en una política cultural como medio de fomento a las artes, apoyo a los nuevos creadores, mecanismo de vinculación política con artistas, ornamento intelectual del teatro público, parte de los atractivos turísticos del país o desarrollo de infraestructura? ¿O acaso se refiere a su papel como editor de libros, productor cinematográfico, mecenas…? En síntesis, ¿una política cultural trata de todo esto? Esta es una forma de enfocar la cuestión.
Sin embargo, hay otra más racional, moderna. Ésta consiste en evaluar el impacto de la actividad cultural. Así, las preguntas cambian. ¿Cómo se miden los efectos de la política cultural? ¿Cuál es su eficacia y cuáles son los conceptos válidos en este aspecto? ¿Qué tan relevante es su impacto económico? ¿Puede hacerse un cálculo aproximado por el número y calidad de los premios obtenidos por creadores mexicanos; cantidad de obras que producen; tiraje de revistas; consumo de libros; asistencia de personas a museos o teatros; visitas a páginas de internet de sitios culturales…?
En conclusión, ¿tiene alguna función el Estado en este ámbito? Sí. Lo relevante de esta nueva iniciativa es que su diseño sea lo suficientemente adecuado para garantizar una organización y funcionamiento efectivos.
Así pues, es indispensable resolver algunos dilemas administrativos e institucionales que faciliten el nacimiento de la nueva dependencia mexicana. Uno es definir su gobernanza. Podría explorarse un mandato mixto, en el cual exista cierta participación social o privada que esté gestionada por órganos gubernamentales integrados y con capacidad de decisión en materia de algunos nombramientos, líneas de acción, asignación de fondos, programas. En suma, debe ser una institución pública altamente representativa, generadora de buenas decisiones y transparente.
Una segunda disyuntiva sería: ¿puede ensamblarse una secretaría con órganos de gobierno y personas de elevadísima solvencia intelectual? Si así fuera, ¿para qué? No puede ser para filias o fobias de las élites políticas ni de las capillas culturales. Entonces, ¿para qué? No existe una sola respuesta: por un lado, cabe distinguir la política cultural de la actividad cultural; por otro, como Marc Fumaroli advierte, habrá que evitar una dependencia “que se arrogue el papel de guía cultural, promotor de arte de vanguardia y árbitro del gusto”. También, deberá estar en contra de la improvisación, despilfarro, burocratización, patrimonialismo, clientelismo de las artes y letras.
Con estas precauciones, surge una idea mínima: el Estado debe concentrarse en unos cuantos ejes de trabajo específicos. Puede incrementar y modernizar la infraestructura cultural; proteger y ampliar el patrimonio artístico, arquitectónico, museístico; diversificar la oferta artística para la educación formal y el sistema escolar; difundir el acervo cultural mexicano en el mundo; etcétera. Con eso bastaría.
El tercer dilema: ¿el gobierno debe financiar directamente a todos los creadores? No. El Estado no es responsable de hacer cultura, producir genios o descubrir artistas. Su deber es crear las condiciones básicas para que los creadores desarrollen su talento, produzcan su trabajo y el público decida. A estas alturas es irrelevante suponer que el éxito de los artistas depende del gobierno; no obstante, sus distintas facultades sí deben contar con una participación rigurosa, asesoría exigente, criterios de selección objetivos y monitoreo externo para que la asignación de los recursos públicos sea transparente y adecuada.
La creación de la Secretaría de Cultura es una excelente oportunidad para realizar una evaluación rigurosa de la actividad del gobierno en este campo. Esto permitirá definir los objetivos a alcanzar, trazar un claro mapa de navegación y generar un mejor funcionamiento de las instituciones encargadas de ejecutarlo.