Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para garantizar la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial, los países en desarrollo deberían invertir, tan sólo en 2020, aproximadamente 1,2 billones (millones de millones) de dólares – 3.8 por ciento de su PIB en promedio –.
El organismo refiere que desde el brote de la pandemia de COVID-19, el déficit de financiamiento de la protección social ha aumentado en alrededor del 30 por ciento, según la hoja informativa “Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá”.
Este déficit es consecuencia de un incremento de la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo durante el confinamiento y la disminución del PIB causada por la crisis.
“La situación es particularmente grave en los países de bajos ingresos los cuales necesitarían gastar cerca de 16 por ciento de su PIB – alrededor de 80,000 millones de dólares – para subsanar el déficit”, advierte la OIT.
A nivel regional, la carga relativa de cerrar la brecha es especialmente alta en Asia Central y Occidental, África del Norte y África Subsahariana (entre 8 y 9 por ciento de su PIB).
De hecho, la OIT refiere que aún antes de la crisis de COVID-19, la comunidad mundial no estaba cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social que había asumido tras la última catástrofe mundial, la crisis financiera de 2008.
La OIT añade que en la actualidad, sólo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población – más de 4,000 millones de personas – está completamente desprotegida.
“Las medidas nacionales e internacionales para reducir el impacto económico de la crisis de COVID-19 han proporcionado asistencia financiera a corto plazo. Algunos países han buscado fuentes innovadoras a fin de incrementar el espacio fiscal para extender la protección social, tales como impuestos al comercio de grandes empresas de tecnología, imposición unitaria a las empresas multinacionales, impuestos sobre las transacciones financieras o los billetes de avión. Con las medidas de austeridad que se están adoptando aún durante la crisis actual, estos esfuerzos son más apremiantes que nunca”, señala el estudio.
Shahrashoub Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, declaró que “los recursos nacionales distan de ser suficientes; subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial”.
Asimismo, la OIT sostiene que la movilización a nivel internacional debería complementar los esfuerzos nacionales.
“Las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación para el desarrollo ya han introducido diversos paquetes financieros a fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a abordar los numerosos efectos de la crisis, en particular en los países de bajos ingresos”, concluye el organismo.
Para conocer más sobre el estudio, puede acceder a este link:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—soc_sec/documents/publication/wcms_755486.pdf