La contratación de obra pública en el país es mala y sus consecuencias –corrupción y conflictos de intereses– afectan a todos los ciudadanos, comentó la directora de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, durante la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2015.
Hay un gran desperdicio de recursos que se aplican a proyectos mal fundamentados y que no responden a los intereses de los ciudadanos, comentó Jaime Treviño, quien puso de ejemplo construcciones como la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.
Pero el problema central, según la directora de México Evalúa, no sólo es la mala planeación de las obras que se construyen en el país, sino el marco jurídico que las regula, en específico, la Ley de Obra Pública, aprobada por la Cámara de Diputados hace un año y que se está discutiendo actualmente en el Senado.
Dicha ley contempla un sinfín de excepciones, no sólo para Jaime Treviño sino para directores de organismos similares como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad; en la propuesta, entes federales, contrataciones directas, obras que se financian con recursos del Ramo 33 y empresas extranjeras pueden evadir obligaciones de transparencia si así lo desean.
La ley de adquisiciones y obra pública es crucial y no está alineada con ninguno de los objetivos que dice tener la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia y gobierno abierto, reflexionó la directora de México Evalúa.
“Para qué queremos la ley si vamos a tener excepciones que se alejan de las buenas prácticas (…) Si la ley pasa en esos términos mejor cerremos el tema. En todas las contrataciones del estado mexicano es donde se dan los espacios a la corrupción”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un modelo de ley de obra pública, lo único que se debe hacer es alinearla con la legislación mexicana, dijo Jaime Treviño, quien considera que no tiene sentido hacer un Sistema Nacional de Anticorrupción –propuesto por Enrique Peña Nieto a fines del 2012– si no se cambia la ley.
“Queremos que el valor de los recursos de los mexicanos se maximice, no las rentas de los grupos económicos”.
No sólo los procesos de contratación deben ser transparentes, también las decisiones políticas que llevan a la realización de un proyecto. Cuando se habla de gasto público se cree que, si se invierte, es bueno, y hay inversiones muy malas, proyectos que no valen la pena, que no generan retornos para los mexicanos, expresó la directora de México Evalúa.