El puerto de Altamira, Tamaulipas, podría acortar los tiempos de llegada de los vehículos y otras mercancías exportadas desde el Bajío-Norte a Estados Unidos. Pero por obras carreteras inconclusas, todavía es poco accesible para la entidad.
“Para la zona norte del Bajío (Aguascalientes, Guadalajara y León) es el puerto mejor ubicado; sin embargo, es un trayecto muy largo. Tenemos el handicap de la construcción de la autopista Ciudad Valles-Tampico, que esperemos que pueda ser terminada, que no le vayan a faltar recursos, porque nos dará la posibilidad de servir a la industria automotriz de Aguascalientes con estos camiones articulados”, pidió Arturo López, director de la operadora ATP Altamira Terminal Portuaria.
El proyecto de modernizar 53 kilómetros de carretera está consignado en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el que se le etiquetaron 1,142.7 millones de pesos el año pasado. No figura, en cambio, en los compromisos de gobierno derivados del mismo plan.
López Riestra expresó esta petición en el foro donde acompañó al coordinador general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa.
Ahí mismo, el empresario expresó una postura a favor de que la ley portuaria del país avale el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) para el desarrollo y operación de infraestructura básica en puertos regionales y especializados en industria petrolera, automotriz, de graneles minerales y carga general.
“Para poder darle vida a los puertos regionales (…) lo importante es que el exportador pueda tener un costo que le permita sacar su mercancía por vía marítima de un pequeño puerto regional y hacer el trasbordo en un puerto concentrados para que la mercancía llegue al destino final (…) Tiene que ser lo suficientemente competitiva para que le convenga a la alternativa marítima versus terrestre”, explicó.
En este sexenio, se tiene prevista una inversión de alrededor de 62,000 millones de pesos en 25 obras portuarias. Con el impulso al esquema APP, el gobierno federal pretende cubrir el déficit que los recortes presupuestales provocarán en el fondo para obra pública.