El Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF) y el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2024, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrecen datos clave sobre la gestión de los organismos encargados de la defensa y protección de los derechos humanos. En este contexto, Nuevo León se posiciona como un estado relevante gracias a su inversión, acciones y estructura en esta área fundamental.
Primeramente, durante 2023, Nuevo León se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional por el presupuesto ejercido por sus Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), con un monto de 146.7 millones de pesos.
Este financiamiento permitió la operación de un consejo consultivo estatal, compuesto por 66.7% de mujeres y 33.3% de hombres.
Por otro lado, en términos de estructura, el estado contó con 19 órganos administrativos y visitadurías. Lo que lo posiciona como un referente en la implementación de políticas y estrategias para garantizar los derechos de su población.
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Acciones preventivas en derechos humanos en Nuevo León
Asimismo, el informe reveló que en Nuevo León se reportaron 4 mil 805 expedientes de queja que documentaron posibles violaciones a derechos humanos.
Estos se inscriben dentro de las 156 mil 624 quejas registradas a nivel nacional. Destacando hechos como la omisión de atención médica y la violación al principio de legalidad.
De este modo, las instituciones promovieron medidas precautorias y recomendaciones para atender estos problemas. A nivel nacional, se implementaron 11 mil 457 medidas y acciones, de las cuales la mayoría fueron gestionadas por los OPDH estatales.
Panorama nacional: cifras y retos
Además, en todo el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los OPDH ejercieron un presupuesto total de 4 mil 036 millones de pesos en 2023. Las entidades con mayor financiamiento fueron la Ciudad de México (20.1 %) y el Estado de México (11.8 %).
No obstante, el número de quejas aumentó un 29.1% en la CNDH, mientras que los OPDH registraron una disminución del 5.3% en comparación con 2022. Esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución en todo el territorio nacional.
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