El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que contraria a ser una celebración que exalta la feminidad, es desde 1911 en Europa y oficialmente desde 1975 en el Sistema de Naciones Unidas, una rememoración al asesinato que un grupo de mujeres obreras sufrieron en 1857 por exigir mejores condiciones laborales. El objeto de este día es, por tanto, un marco de reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres, así como de los avances y retos de los derechos de éstas.
Este 8M coincide con la visita que el presidente Andrés Manuel hará en Aguascalientes, por lo que bien valdría la pena recordar al presidente que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y que no existe paz, reconciliación o democracia posible sin la igualdad entre hombres y mujeres. También es necesario recordarle que México ha suscrito numerosos compromisos internacionales para respetar y proteger los derechos de éstas.
Esto que podría parecer una obviedad no lo es para un presidente que en sus primeros 100 días de gobierno ha eliminado el programa de estancias infantiles y recortado los recursos a los refugios para víctimas de violencia de género. Parece que el presidente ha olvidado que México, el país que gobierna, ocupa las cifras más altas en feminicidios en Latinoamérica y que las estructuras patriarcales y los estereotipos de género han confinado a las mujeres al ámbito doméstico, siendo ellas las principales responsables de las labores y cuidados del hogar; se le olvida, también, que existe una brecha salarial en la que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y que ocupan desproporcionadamente menos espacios reales de poder que los hombres.
Su agenda feminista representada por Olga Sánchez Cordero quedó en promesa de campaña, así como la voz de la ministra en retiro. Lejos quedó la promesa de una reforma constitucional que garantice a las mujeres elegir su proyecto de vida, legalizando el aborto y protegiéndolas de la muerte y la cárcel; o la reforma constitucional que garantiza el derecho al matrimonio y a la adopción para todas las personas sin importar su preferencia sexual. Por el contrario, el presidente ha presentado una terna para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con candidatas, además de afines a él y a sus intereses, sumamente conservadoras que han demostrado el absoluto desconocimiento de los avances que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho en esos temas.
El presidente y su proyecto representan esa vieja izquierda que usa los derechos de las mujeres como bandera electoral y una vez en el poder político se acomoda al status quo y deja de lado los compromisos con las mujeres, puesto que siempre estarán primero “otros” intereses de la “izquierda” que los derechos de éstas.
No existirá transformación alguna, al menos aquella que prometió el presidente en campaña, en tanto no se cambie la forma de hacer política. El diagnóstico del presidente ha sido acertado en acentuar al capitalismo como una causa de los males del país, pero ha olvidado que en la realidad mexicana se entrecruzan otros dos sistemas de opresión: el patriarcado y el colonialismo, cuya intersección profundiza las desigualdades.
La discriminación por género es la primera de todas las discriminaciones, como consecuencia de un modelo hegemónico de masculinidad (occidental, blanco, burgués, masculino, sin discapacidad y heterosexual) que ha excluido a todo aquel que no encaje él. Por ello, cualquier intento de justicia social, habría que recordarle al presidente, requiere no sólo políticas de redistribución de la riqueza, sino también de políticas de reconocimiento y para la igualdad.