La defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas ya son considerados como delitos de delincuencia organizada y meritorios de prisión preventiva oficiosa. Esto, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen del Senado sobre esta modificación en la Reforma Fiscal Penal, la cual ha generado alertas en el sector privado e incluso ha sido catalogada como “inconstitucional” por cámaras empresariales como Coparmex.
Para Francisco Patiño Richarte, abogado fiscalista y socio del corporativo Enlace Group, efectivamente la medida otorga una excesiva discrecionalidad a la autoridad para ejercer actos de fiscalización, lo que indica, “se puede prestar a actos de extorsión”.
Lo anterior, expone el especialista, abre la puerta a que “justos paguen por pecadores”. Por ejemplo, una empresa cuyo proveedor realice operaciones simuladas sin su conocimiento, puede exponerse a también ser acusada de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, pues la ley no establece aún, mecanismos para distinguir a inocentes de culpables:
“El empresario puede estar haciendo sus labores correctamente, y si se relaciona con una persona que sí hizo operaciones simuladas y lo contamina, en ese momento puede enfrentarse a algo totalmente desproporcionado”, apunta.
El gobierno mexicano ha declarado que uno de los objetivos de la reforma es mitigar el daño a las arcas públicas que generan las empresas “factureras”, pues según explicó el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero de Anda, los fraudes de estas firmas superan los 300 mil millones de pesos.
Sin embargo, el especialista de Enlace Group considera que el gobierno federal ha planteado una política que prácticamente elimina la presunción de inocencia: “[El gobierno] dice: vamos contra los que venden facturas. Si fuera así, sería excelente, pero con estas medidas están tratando como presuntos delincuentes a los empresarios, hasta que estos demuestren lo contrario”.
El marco anterior plantea un escenario en el que es posible que se desate una cancelación masiva de sellos digitales, los cuales certifican la vinculación entre una identidad y una clave pública, es decir, dan certeza de la formalidad de un negocio:. “Desafortunadamente, esto dibuja una situación en la que se puede prestar a casos de corrupción por parte de la autoridad, porque únicamente quien te canceló el sello te lo puede quitar”, refiere.
Es decir, en un hipotético caso, la autoridad podría pedir un soborno para regresar el sello digital: “El proceso de recuperación del sello puede tardar meses. Mientras tanto, la empresa no puede facturar, queda totalmente detenida”, apunta.
Para Patiño Richarte, esta nueva realidad a la que se enfrentarán los empresarios llega en un momento poco oportuno, pues la economía mundial atraviesa una desaceleración que posiblemente desencadene una crisis global:
“Es desafortunado que este tipo de leyes lleguen en un momento como éste, porque dejan al empresario en una situación de total incertidumbre pues no saben cómo se comportará la autoridad. Ojalá el gobierno vaya únicamente contra los factureros, pero por el momento está planteado que pueden ir contra el empresario común y corriente”, resalta.
El abogado sostiene que los empresarios deberán identificar la manera de blindar su empresa y darle continuidad a su negocio ante la eventualidad de enfrentarse a una situación como la anteriormente descrita.
«Obviamente hay muchas cosas que pueden hacer [para protegerse], pero representará un precio. Económicamente, el país necesita un impulso, y si se le agrega un costo a la producción de los empresarios, naturalmente eso repercutirá en el precio final, y eso no abona al crecimiento del país», argumenta.
El abogado Francisco Patiño Richarte manifiesta que lo más grave de este nuevo dictamen es que el gobierno “está atentando” contra la gente que produce empleo, la que genera riqueza: “es una escenario en el que la autoridad fiscal adquiere un nivel de discrecionalidad bastante alto, con consecuencias, eventualmente, muy graves e injustas. Tenemos un sistema penal que no funciona bien, hay gente inocente purgando condenas. ¿Ahora a ese sistema nos vamos a enfrentar por el pago de impuestos?..», sentencia.