Para la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Movilidad no hay “periodos de gracia”; el titular de la Coordinación General de Movilidad, Óscar Aragón Jiménez, señaló que aun cuando la nueva legislación contempla la emisión de varios reglamentos, no es necesario esperar a que ello ocurra para llevar a cabo su implementación.
En entrevista con Líder Empresarial, mencionó que la ley se complementará con varios reglamentos en los que se establecerá con más precisión cada uno de los derechos y obligaciones de todos los involucrados; a manera de ejemplo, comentó que la ley contempla la creación de un Observatorio Ciudadano, un Comité Técnico de Transporte Público y un Consejo Consultivo, mismos que deberán tener su reglamento y en cuya elaboración ya se está trabajando.
Agregó que la ley está vigente desde el 1 de mayo y en ella se establecen claramente plazos de 90, 120 o 180 días, para ir cumpliendo con la expedición de los reglamentos, en tanto que el Programa Estatal de Movilidad deberá estar listo en 180 días, “tenemos muy clara la ruta de las cosas que son prioritarias, cuáles son los temas a trabajar para que no nos pasemos de los términos”, expresó.
En este sentido, refirió que la ley ya está vigente y por lo tanto todos los involucrados en el tema, es decir, concesionarios de taxis, urbanos, las empresas que proporcionan el servicio de transporte a través de plataformas digitales, etcétera, deben estar trabajando en su cumplimento, pues no hay “periodos de gracia” y si hay cuestiones que no queden lo suficientemente claras, están dispuestos a resolver las inquietudes que en lo particular se presenten antes de la publicación del reglamento.
Subrayó que los municipios también deben cumplir con sus obligaciones, pues hay programas municipales de movilidad y en la medida en que lo pidan se les estará proporcionando el apoyo.
Finalmente, agregó que la Ley de Movilidad es una acorde a los nuevos tiempos y Aguascalientes está saliendo del atraso en que se encontraba en este rubro, ya que junto a Oaxaca era uno de los estados donde ni siquiera había una ley específica que regulara el transporte pública.