El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) advirtió en un informe que la próxima implementación de la reforma podría significar un riesgo en su aplicación si las instituciones encargadas de aplicarla no pasan por un cambio. Es por esto que al momento de ordenar a los estados del país, Aguascalientes quedó en el lugar 25 al seguir un estándar de 730 a proporción de mil, teniendo 246.5 como puntaje en la evaluación.
El año pasado, esta escala era de 530, y únicamente Chihuahua, Baja California y Guanajuato superaron el estándar que tenían establecido individualmente. La entidad mejor evaluada fue Chihuahua con 672. Aclaró que los posibles cambios en el sistema deben de ser supervisados, para evitar que se realicen de forma apresurada y con deficiencias en la calidad.
El «Reporte de Hallazgos sobre los Avances en la Implementación y Operación de la Reforma Penal en México» fue el informe en el que se dio a conocer esa situación. Para llenar este reporte se tuvo que solicitar, por medio de transparencia, información a las diversas dependencias estatales y federales que se involucran en procesos penales. Aguascalientes fue uno de los estados en ninguna dependencia respondió las solicitudes de información, las instituciones que permanecieron en silencio fueron: Poder Judicial, Defensoría, Seguridad Pública, Procuraduría y el Órgano Implementador.
Aguascalientes es una de las diez entidades en donde no se tiene implementado el sistema penal acusatorio y en el reporte se pone en la mesa la suposición de que las dependencias cuestionadas por transparencia argumentaban no contar con información, o que la calificaban como inexistente, sobre otros cuestionamientos que podrían ayudar a mejorar a nivel nacional la implementación de la Reforma penal.