El Índice Global de Impunidad (IGI) 2017 publicado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla dio a conocer que México es el cuarto país, de 69 analizados, con mayor impunidad; justo debajo de Filipinas, India y Camerún.
Derivado de su puntaje, en América, México ocupa el primer lugar en índice de impunidad, seguido de este se encuentran Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
De acuerdo al estudio, México tiene necesidades urgentes que atender en tanto al sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
“Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad”, explica el CESIJ
Se agrega que el país debe concentrarse en garantizar la efectividad de las acciones de los elementos de seguridad así como de enfocarse en temas de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación más que en invertir recursos para aumentar el número de policías.
México tiene 359 policías por cada 100 mil habitantes, cifra por encima del promedio global de la proporción d policías (319 por cada 100 mil) pero el alto número de elementos no refleja ni es igual a la calidad de sus acciones.
En contraste, el país tiene únicamente 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, esta falta impartidores de justicia se refleja en que 43% de las personas que están en la cárcel aún no cuentan con sentencia.
Igual que en 2015, el IGI coincide en que México necesita más jueces dentro del sistema de justicia ya que de esta manera podrían incrementarse las capacidades de impartición de justicia y con ello se reduciría el número de personas encarceladas esperando sentencia y la sobrepoblación en las cárceles.
“El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad”, dicta la investigación.