Durante las últimas semanas, se ha estado discutiendo una iniciativa enviada al congreso por el presidente Enrique Peña Nieto: la eliminación de las 1,800 policías municipales para que solo existan 32 policías estatales, las cuales se coordinarían con la policía federal y las fuerzas armadas permanentes para guardar el orden y restablecer la seguridad.
Esta modalidad, conocida como mando único, no desaparecería a la policía municipal, sino simplemente reduciría sus elementos y la supeditaría al gobierno estatal.
Esta proposición enfrenta algunos retos para ponerse en marcha. Aquí, algunos de ellos:
Primeramente, aunque en el artículo 115 de la constitución se estipula la obligación de los gobiernos municipales de brindar seguridad a su población, por lo menos 600 municipios del país no tienen policía y muchos de ellos ni siquiera pueden tenerla (por sus usos y costumbres o por falta de recursos económicos).
Segundo, si se compara la cantidad de elementos policiacos municipales con los estatales, obviamente los primeros son más (la proporción sería de tres a uno). En este punto, habría que considerar que ambas instituciones tienen problemas para mantener las plazas de sus cuerpos policiales completas, pues muchos de los aspirantes no cumplen con los requisitos solicitados, mientras otros no han podido pasar las pruebas de competencias establecidas por la ley.
Por último, la impunidad. Existen criminales con más de cien entradas y salidas de la cárcel, que continúan delinquiendo asiduamente y no son procesados de forma correcta hasta que asesinan a un ciudadano sobresaliente o conocido en algún ámbito (deportivo, empresarial, artístico, etcétera).
Mientras se discute la iniciativa y se toman en cuenta todas sus aristas, algunas entidades comienzan a sumirse en la delincuencia: asaltos, robos a casa habitación, robos de automóviles o de autopartes proliferan de forma escandalosa. La detención de este tipo de delincuentes será solo una de las demandas a las cuales se enfrentarán los ganadores de las próximas elecciones y no cabe duda que deberá ser una de sus prioridades, pues la sociedad ya se encuentra muy lastimada por estos crímenes.
Quizá el congreso no se ha dado cuenta de la urgencia que tiene el país en cuanto a seguridad pública ni tampoco ha escuchado las declaraciones del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sobre las cinco entidades en las cuales habrá elecciones este año y que presentan graves problemas de inseguridad: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Córdova dice que su situación podría poner en riesgo tanto a los votantes como a los funcionarios de casilla este próximo junio.
Tal como están las cosas, no importa mucho si lo que se implementa es el mando único o algún otro sistema, lo verdaderamente relevante es comenzar a pensar en la ciudadanía y proceder a la brevedad. Hay que recordar que el principio del gobierno fue la necesidad de los grupos humanos de buscar a quienes podían mantenerlos seguros, así se colocó a los más poderosos como gobernantes y se inició a establecer la gran cadena de impuestos, con la finalidad de contar con los servicios inherentes de una sociedad.
Que el resto de los mexicanos no caiga en la desesperación de los comerciantes de Acapulco, quienes han pedido una tregua a la delincuencia para tener paz y han solicitado al gobierno que no les cobre impuestos para poder pagar las cuotas de piso (extorsiones). Algo verdaderamente terrible.
México aún está a tiempo.