En 2024 se producirá el proceso electoral más grande en la historia de México, para renovar la presidencia de la República, las dos cámaras federales, ocho gubernaturas estatales más la ciudad de México, cientos de alcaldías y 31 congresos locales.
La lista de electores la integran 98 millones de ciudadanos y se deberán instalar 170 mil casillas. En suma, más de 20 mil cargos en disputa. Esa es la dimensión de la decisión que estará en manos del votante, quien ante la casilla tendrá que hacerse la pregunta básica: bajo la mayoría de los indicadores relevantes, ¿estamos mejor ahora que hace cinco años?
Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente está en juego? Lo más inmediato, desde luego, es la organización, administración y celebración de las elecciones mismas en un contexto de estabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia y credibilidad de sus resultados.
Lo más trascendente para la sociedad en su conjunto es el destino del país en términos de la preservación de su sistema democrático e institucional y de los progresos que logre en la siguiente década para alcanzar un desarrollo humano integral y razonable para sus casi 130 millones de habitantes. Nada más y nada menos que eso.
La primera lectura, en consecuencia, tiene que ver con el hecho de que no se trata de un evento simplemente para votar por unos o por otros. Ese día supondrá el escenario real de la consolidación de la democracia y la vida institucional del país mediante una alternancia categórica; o bien, la confirmación del proceso de destrucción política y la prolongación de un régimen autocrático que se ha producido en México en los últimos cinco años.
Las evidencias son abundantes y categóricas: un mecanismo de control y cooptación absoluta de la mayor parte del poder legislativo; un ataque sistémico y sistemático contra el poder judicial y el Instituto Nacional de Electoral; un reiterado acoso hacia los medios de comunicación no gratos para el presidente; una gestión corrupta e ineficiente de los recursos del contribuyente para financiar el clientelismo electoral; así como una pérdida total de cualquier sentido ético y de decencia en la acción de gobernar.
No es casualidad que en todos los informes acerca del estado de la democracia en el mundo, México haya pasado de ser una democracia “frágil o deficiente” a un régimen “híbrido”, es decir, lo más parecido al autoritarismo, que es la antesala de las dictaduras. La historia es abundante en ejemplos: Cuba, Nicaragua, Venezuela entre otros.
La segunda cuestión en litigio en las elecciones del 24 es la posibilidad de que el país progrese o no en términos de crecimiento económico, mejor distribución del ingreso, mayor equidad e inclusión social.
Destaca, en este sentido, que la gestión del gobierno actual no sólo se ha caracterizado por los enormes daños políticos mencionados previamente, sino también, y, sobre todo, por la escandalosa ineptitud en la calidad y competencia de la gestión pública.
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Los ejemplos, también, son numerosos y van desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México hasta la ocurrencia de construir una nueva refinería (en tiempos de un cambio global hacia las energías limpias y renovables), o de poner en marcha un tren sin ninguna planeación estratégica ni operativa.
En todos esos casos, el denominador común ha sido la absoluta discrecionalidad del ejecutivo para gastar dinero del contribuyente, combinada con la carencia de preparación y rigor técnico para tomar decisiones complejas y sofisticadas, así como la incompetencia para manejar entidades públicas. Lo más probable es que esos tres proyectos sean un fracaso categórico del que las finanzas públicas tardarán años en recuperarse.
Véase un ejemplo de la mayor gravedad: PEMEX ha informado oficialmente que no puede pagar más de 500 millones de dólares (mdd) adeudados a tres proveedores, y es hoy la petrolera más endeudada del mundo con más de 100 mil mdd (equivalente al 8% del PIB nacional). Dicho de otra forma: es una empresa en quiebra y el gobierno se verá necesitado de fondearla, distrayendo recursos social y económicamente más rentables y productivos como la inversión en educación y la innovación. Decir que esto es una catástrofe no es una hipérbole, sino una mera calificación.
La tercera evidencia: la herencia educativa de este gobierno será una tragedia para millones de niños que van a la escuela pública, sobre todo procedentes de familias de bajos ingresos. Según un informe de la UNESCO de noviembre de 2021, 59% de los alumnos mexicanos de 6to grado están por debajo de los niveles mínimos de logro en lectura, y 62% en matemáticas; en buen castizo, están reprobados.
Prácticamente lo mismo reportó Mejoredu, el organismo oficial, en septiembre de 2023: el porcentaje de aciertos en las evaluaciones de lectura en niños de 4to y 5to de primaria es de solo 39%, y en 2do y 3ro de secundaria es de apenas 36%.
Más aún: existen 650 mil personas que fueron “basificadas”, lo que quiere decir que, sin ningún filtro de calidad ni un verdadero concurso de oposición abierto, transparente, justo, riguroso y meritocrático, el gobierno les dio nombramientos definitivos de maestros sin tener el perfil para ello. Casi 156 mil docentes no cuentan con un título profesional de licenciatura que los habilite para dar clases en la educación básica.
El saldo de esta tragedia será un mayor abandono escolar y pobreza de aprendizajes; los ingresos económicos de esta generación de niños será cada año un 12% menor a lo largo de sus trayectorias laborales; las brechas entre estados y grupos socioeconómicos se van a profundizar; la suma será un círculo vicioso de desigualdad y exclusión.
Estas son solo algunas de las realidades puras y duras que hoy describen la coyuntura mexicana. Por tanto, la disyuntiva que enfrentará el votante el 2 de junio de 2024 será si quiere, con su decisión, que estas diversas crisis continúen y empeoren y que se colapse el régimen básico de libertades, democracia y vida institucional; o bien, que haya un cambio efectivo, positivo y constructivo en el gobierno, optando por una alternativa diferente, que ofrezca mayores posibilidades de prosperidad, bienestar y calidad de vida para sus familias.
Es mucho lo que está en juego y quizá lo más importante es que en las manos del ciudadano estará lograr la concordia, la recuperación y el bienestar de México en las próximas décadas. De otra forma, estaremos cerca de ser un país fallido.