En México, su pago es obligatorio. Tal obligación existe también en Brasil, España, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En otros países, es voluntario o contractual, como en Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Australia, EUA, Nueva Zelanda y Alemania.
Las remuneraciones por trabajo subordinado en México son todas las entradas en efectivo que reciben regularmente los empleados en su ocupación principal y, si es el caso, en una secundaria.
Sus modalidades son:
- Sueldos, salarios, jornal y destajo
- Horas extras
- Comisiones y propinas
- Aguinaldo y reparto de utilidades
- Indemnizaciones por accidentes laborales
- Indemnizaciones por despido y retiro voluntario
- Otras remuneraciones monetarias
- Remuneraciones en especie
¿Qué es el reparto de utilidades?
Es un derecho de los trabajadores establecido en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las personas que realicen un trabajo personal subordinado a una persona física o moral, por el cual reciban un salario, tienen derecho a participar de las utilidades.
Los sujetos obligados a proporcionarlas son: personas físicas y morales con actividades de producción o distribución de bienes o servicios que, paguen o no Impuesto Sobre la Renta (ISR), tengan a su servicio empleados asalariados.
Según Alfonso Navarrete, secretario de trabajo y previsión social, quienes se han incorporado a empresas formales mejoraron hasta un 20 por ciento sus ingresos gracias a prestaciones de seguridad social exigibles por ley, como: reparto de utilidades, aguinaldo, subsidio al empleo, prima vacacional, entre otras.
¿Cuándo deben pagarse?
En mayo de cada año. La importancia de su pago radica en que funcionan como motivación para los colaboradores, ayudan a mejorar la productividad del negocio y acrecientan el ingreso económico de las familias, lo cual resulta redituable para la empresa.
La exigencia de esta remuneración a las compañías reconoce que tanto el capital invertido como la fuerza laboral usada en la producción, son los dos factores esenciales que, combinados, producen las utilidades.
¿Cuánto se debe pagar?
De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) debe ser del 10 por ciento aplicable sobre la renta gravable.
Se estima que durante 2015, esta prestación se pagó a más de 16 millones de empleados, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En Aguascalientes, alrededor de 180,000 trabajadores la habrían recibido.
De acuerdo con un estudio practicado a 320 empresas por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el año pasado se erogaron 1,663 millones de pesos en reparto de utilidades, un promedio de cinco millones de pesos por negocio.
Las compañías que incumplen esta obligación reciben sanciones que van de los 50 a los 5,000 días de salarios mínimos.
Los líderes sindicales orientan a los trabajadores sobre este derecho y les indican que pueden recibir hasta 60 días de salario, es decir, un promedio de 10,000 a 12,000 pesos.
¿Cuál es la mejor manera de gastar este dinero?
Estos son algunos consejos que ofrece la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef):
- Pagar deudas, invertir y aumentar los ahorros
- Analizar los adeudos totales y, en caso de que se puedan liquidar en una exhibición, utilizar las utilidades
- Si no se puede saldar una deuda, hay que acercarse a la institución bancaria para conocer las alternativas de pago
- Inyectar al capital propio el dinero excedente, es decir, emplear algún instrumento de inversión
- Evitar usar todo el dinero en la compra de ropa, artículos de decoración para el hogar u otros gastos no prioritarios
- También es recomendable utilizarlo en un chequeo médico o en la aplicación de algún tratamiento de salud necesario
- Realizar inversiones en seguridad, como cambio de llantas a los vehículos, impermeabilización de vivienda o regularización de condiciones legales del patrimonio
Un estudio de Profeco indica que 47 por ciento de los beneficiarios de esta prestación la destinan al pago de deuda; 39 por ciento la usan en la adquisición de bienes y servicios, preferentemente de consumo duradero; y 28 por ciento la destinan al ahorro.