Ley de Movilidad no es ley Uber; el diputado Iván Sánchez Nájera, sostuvo que los artículos relacionados con las opciones de pago a las Empresas de Redes de Transporte (ERTs), como Uber, son solamente dos de un total de 314 que contiene la ley, por lo que ésta no puede reducirse a un solo tema, como es el de los intereses de la aplicación.
Sobre la campaña emprendida por la plataforma digital -luego de que se aprobara eliminar el uso de efectivo como forma de pago a quienes utilicen este servicio-, y que está dirigida al gobernador del Estado invitando a socios y usuarios a enviarle el siguiente mensaje vía twitter “quiero tener la opción de pagar mi transporte en efectivo, ¡no me discrimines!”, el legislador perredista mencionó que la empresa tiene la opción de promover un amparo, en caso de considerar que se han violentado sus derechos.
De hecho, dijo, sería muy lógico y hasta congruente que lo hicieran, pues hasta donde se sabe no habían implementado una campaña contra la autoridad como ahora lo están haciendo en Aguascalientes, eso aun cuando en otras entidades del país la propia empresa no brinda a los usuarios la opción de pago en efectivo, sino que solamente acepta el uso de tarjeta de débito o crédito. Incluso, comentó que cualquier usuario podría ampararse, si así lo desea.
En este contexto, Sánchez Nájera recalcó que la Ley de Movilidad, no es la ley de Uber, sino que se trata de un ordenamiento jurídico para regular la movilidad en todo el estado, y aunque estemos o no de acuerdo con algunos artículos en lo particular, esto no implica que no tenga beneficios importantes para la población, como el acceso a un transporte moderno y un servicio de calidad.
Sobre los concesionarios del transporte público urbano agrupados en ATUSA, comentó que si desean continuar prestando el servicio deberán constituir una empresa, e incluso refirió que el marco legal permitirá la entrada de nuevos consorcios.
Agregó que en el mediano plazo quedará constituido un fondo que se nutrirá con los intereses que se generen con el uso de las tarjetas de prepago, toda vez que el pago en efectivo ya quedará cancelado; la ley contempla que el manejo del fondo lo realice un ente externo, el cual será elegido mediante licitación pública. Estos intereses se destinarán a la modernización del sistema de transporte urbano, de ahí que sostuvo que no serán para el bolsillo de los concesionarios ni para las arcas del gobierno estatal.
En cuanto a los taxistas, el también integrante de la comisión de transporte del Congreso del Estado, mencionó que las sanciones se recrudecen en la nueva ley, dado que se amplían los criterios para la revocación de concesiones; habrá un consejo ciudadano que propondrá las sanciones a los operadores, concesionarios, e incluso a los funcionarios públicos.
La seguridad social para los choferes será una realidad, y quien no cumpla se expone a la revocación de la concesión.
Se prevé que la ley sea publicada en dos semanas más y entrará en vigor un día después.