Conforme a datos del INEGI, mientras que a las personas del decil más pobre del país les cuesta uno de cada dos pesos de su ingreso poder alimentarse (la mitad de su ingreso), a la población del décimo decil o la de mayor ingreso, solo le cuesta uno de cada ocho pesos (13.2% de su ingreso).
Esto significa que a quienes menos tienen, les sale cuatro veces más caro poder acceder a una de las necesidades básicas más elementales: alimentarse. En el estudio del COLMEX: “Desigualdades en México 2018”, demuestran que sólo 2.1% de las personas en situación de pobreza en México llegan a ser ricos. La movilidad social está entrampada.
Mientras el decil con más ingresos destina en promedio 13.2% de sus ingresos para alimentarse, el decil más bajo gasta 55% de los suyos en comer. Tanto el CIDE como Oxfam-México, concuerdan en que: “a medida que los ingresos aumentan lo hacen también las estructuras de consumo”. Esto quiere decir que “cuando se sobrepasa cierto nivel de ingresos, se gasta un porcentaje menor en comida” lo que permite que se utilicen recursos para adquirir bienes “como vivienda, transporte o para el ahorro”.
Esto implica que se siga manteniendo una “una trampa de pobreza que evita que dicha población pueda desarrollarse y mejorar su capital humano”, sostiene el informe de Oxfam. Además, resalta que “no solamente las familias más pobres gastan más en alimentos de mala calidad, sino que las mujeres son las que peor se alimentan”.
El área de investigaciones de Oxfam México, sostiene que existe evidencia de que “los hogares más pobres usan en mayor proporción Seguro Popular e IMSS Prospera al estar excluidos del mercado (formal)”, lo que favorece que “ante una ocurrencia extraordinaria, como un accidente o una enfermedad”, las precarias posesiones que tienen pueden verse muy afectadas.
Aunque existe evidencia de que también la desigualdad se observa en la calidad de los alimentos que se consumen –los más pobres compran alimentos de peor calidad y menor valor nutricional que afectan la salud-, los datos de la ENIGH no permiten hacer ese análisis.
En un artículo publicado en la revista Nexos, se asegura que existen dos principales factores que favorecen la desigualdad nutricional de los alimentos: 1) mientras más bajo se encuentre en un decil (menos ingresos) se tiene una menor capacidad económica para comprar alimentos y 2) un acceso limitado a alimentos con nutrientes adecuados y saludables. “el desarrollo económico y la globalización, (…) lejos de ampliar el acceso a más y mejores dietas”, ha generado “patrones con un fuerte sustento en alimentos de alto contenido energético y poca calidad nutricional” que afectan en mayor manera a las personas de menores ingresos.
Académicos del CIDE plantean que esta situación favorece una “trampa de pobreza basada en la nutrición” que implica que sin “cierto número de calorías, el pobre no puede trabajar, (por lo que) no puede ganar lo suficiente para comer, y si este no puede comer lo suficiente, no podrá trabajar”.
Hay un nuevo organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que estará a cargo de coordinar la adquisición en el mercado nacional y en el extranjero de las cosechas y los productos necesarios para integrar las reservas que garanticen el abasto nacional; así como promover la comercialización de excedentes en diversas entidades y en el exterior.
El organismo tiene relación con Ignacio Ovalle Fernández y la extinta Conasupo, se está proponiendo una nueva canasta básica, que busca agregar una versión más amplia de la canasta con productos como vestido, calzado, y otros. Además de ser un referente para la determinación del salario mínimo, la canasta es importante porque el Gobierno federal debe garantizar la disponibilidad en el mercado de cada uno de estos productos que la integran y -especialmente- debe monitorear su costo. Se supone que pasará de 23 a 40 productos básicos, el costo global de la canasta básica sin duda aumentará porque en número de los productos aumentaron.
Otra vertiente importante, entre las trampas de pobreza, son las casas de “interés social”, con ínfimas dimensiones y ubicadas en entornos tan faltos de equipamiento y transporte, que difícilmente las familias experimentan la anhelada movilidad social entre sus vecindarios. Esto tan deseable de que los hijos superen a sus padres, por escolaridad y por ingresos.
Buscando mejores resultados en lo que respecta a la integración de las políticas generales, para desactivar las trampas de pobreza la intención debe centrarse en generar mayor difusión y conocimiento de la Agenda 2030 en todos los niveles de gobierno, en el sector privado y en la sociedad civil, e implementar de manera estratégica un proceso gradual de transversalización de las metas y los objetivos en los planes nacionales y estatales de desarrollo, en los presupuestos y los instrumentos de planificación.
La integración de la Agenda 2030 también supone importantes desafíos en materia estadística, y en muchos casos, significará la recolección de un nuevo tipo de información para el monitoreo y la evaluación de las acciones mediante indicadores que permitan estimar el nivel de logro de las metas de los ODS. Además, la integración de la Agenda 2030 también supone esfuerzos para recopilar información sobre el terreno de implementación de las políticas en los niveles local, subnacional y regional.
En lo que refiere a la aceleración, muchas de las metas y los objetivos de la Agenda 2030 ya cuentan con procesos de política pública en marcha, el propósito es ayudar a los gobiernos a acelerar el progreso mediante la provisión de herramientas que permitan identificar las trampas de pobreza que se han venido generando y que imponen limitaciones para el cumplimiento de las metas, según el contexto de cada país.