Durante estos últimos años, la inseguridad se ha incrementado en todo el país. En lugares en donde no se había padecido continuamente algún tipo de delito, ahora se presenta (cada vez con mayor frecuencia) y, en algunos casos, queda impune. En Aguascalientes, por ejemplo, hay más robos a casas habitación, robos de automóviles y asaltos a cuentahabientes, crímenes que en muchos casos han cobrado la vida de personas.
En general, la inseguridad cuesta a las empresas alrededor de 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Los costos de operación de las compañías aumentan con la contratación de diversos servicios de seguridad, los cuales también crecen en costos. Se comienza a contratar pólizas; guardias especializados, armados y con patrullas que resguardan los transportes o las instalaciones de los negocios; cámaras; alarmas…
Y a esto hay que sumar las pérdidas que sufren por la delincuencia: robos de mercancías, equipo, herramientas de trabajo y hasta la merma de su productividad (por ejemplo, los asaltos en el transporte público de pasajeros cuestan valiosas vidas de personas en edad productiva y miles de horas-hombre, las cuales se pierden debido al proceso de averiguación y toma de declaraciones de los testigos).
Crimen fortalecido, policías debilitadas
Mientras el crimen parece fortalecerse y apoderarse de la vida de los ciudadanos, las corporaciones policiacas se debilitan y cada día ven más difícil tener su plantilla completa, ya sea porque los nuevos reclutas no pasan los controles de profesionalización y confianza, los salarios son muy bajos (y el riesgo, muy alto) o porque los delincuentes están mejor armados (quienes antes eran simples ladronzuelos ahora son criminales de altos vuelos).
Por si esto fuera poco, existen policías coludidos con la delincuencia, que en lugar de proteger a la ciudadanía, la secuestran, la extorsionan, la lastiman –para muestra solo basta recordar los casos de Ayotzinapa y el de Coatzacoalcos, Veracruz–.
El Congreso de la Unión continúa discutiendo la aprobación de las reformas en seguridad pública enviadas por el presidente, sobre todo la iniciativa del mando único. De hecho, se está tratando de llegar a un acuerdo para que se tenga un modelo mixto, en el cual no desaparezcan las policías municipales (las más numerosas) y se cumpla con lo establecido en el artículo 115 constitucional. Sea cual sea lo que se decidida, definitivamente debe tenerse en cuenta que si no hay una verdadera coordinación entre los cuerpos policiacos será imposible para las fuerzas armadas permanentes encargarse totalmente de combatir a los criminales.
Es de vital importancia comenzar a revertir este proceso pernicioso, porque si no se actúa pronto, los daños serán mayores: se perderán más vidas y muchos negocios ya no podrán sostenerse por los gastos generados por la inseguridad.
Es tarea de todos dar solución a este grave problema y para ello, cada uno debe cumplir con la parte que le toca.