Lamentablemente, vemos con indignación los trágicos sucesos que han ocurrido en México en los últimos meses. Con ellos, nos podemos dar cuenta de que lo ocurrido en nuestro país, a pesar de que en muchas ocasiones depende de qué tanto aportamos como individuos a nuestra sociedad, es responsabilidad también de qué hemos hecho para consolidar las instituciones y el Estado de Derecho, o bien, crear o propiciar los mecanismos que conlleven a una Sociedad-Gobierno más acorde a lo ideal, según la mayoría de la población y/o minorías.
No obstante, con los acontecimientos recientes observamos que, si bien tenemos instituciones gubernamentales, estas no han sabido cumplir con su función y de hecho, ahora, por cuestiones de corrupción, se ven afectadas severamente.
Ante esto, entran a debate los términos de ‘gobernanza’ y ‘gobernabilidad’, parafraseando a Carlos Elizondo Mayer-Sierra en su libro Por eso estamos como estamos. Elizondo hace un análisis de cómo, actualmente, los mexicanos que logran cruzar la frontera del norte y llegan al país vecino, respetan las leyes: pareciera que entran en un contrato de adhesión, en el cual se comprometen a comportarse de acuerdo a lo establecido por las autoridades estadounidenses; eso no está mal, es como debe ser. Sin embargo, llama la atención que no hagan lo mismo en su país de origen, México. ¿Por qué? Por la falta de instituciones gubernamentales sólidas, que nos hagan entender que somos sujetos de Derecho, es decir, todas nuestras acciones tienen consecuencias jurídicas, por ejemplo, si caigo en el supuesto de cometer una falta, se me aplicará la ley sin distinción alguna; pero es ahí en donde surge la corrupción en México.
Por lo anterior, nos llama la atención un artículo del IMCO[1], en el cual se promueve el combate a la corrupción en las instituciones mediante tres propuestas muy sencillas,
- Contratación abierta
- Dos sectores públicos
- Igualdad de género
En el primer paso, se hace énfasis en que se contraten a personas con experiencia para cada una de las tareas a realizar y, además, que estas tengan un servicio profesional de carrera mediante estándares meritocráticos y abiertos.
El segundo aspecto trata de la división sana y necesaria que debe haber entre la política y el servicio público, entre lo que es ser un representante del pueblo (gracias a un puesto de elección popular emanado, claro está, de un partido político) y un servidor público. Este último debe ser entendido como un burócrata que se dedica exclusivamente a su trabajo, y no a lo encomendado por el político en turno, y también debe entender la clara división que estamos mencionando.
Y para finalizar, el tercer aspecto. Según el Foro Económico Mundial, existe un porcentaje más bajo de corrupción en aquellos trabajos en los que intervienen más mujeres, situación que en México, a pesar de las arbitrarias cuotas de género, no ha existido. No hay un mecanismo real que impulse la participación femenina en los sectores descritos en el punto anterior, cuestión que ha hecho decaer a México en los rankings de organizaciones mundiales dedicadas a medir distintos estándares de los países.
Aunque sabemos que es muy grande el ingenio del mexicano, podemos tomar en cuenta estas ideas para proyectar mejores políticas públicas que contribuyan a mejorar las instituciones gubernamentales consolidadas, permitan un mejor Estado de Derecho, menor corrupción y por ende, un mejor desempeño económico nacional para prevenir la ejecución de más crímenes de Estado como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera.
[1] IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.