No hay región en el mundo que evite los efectos del calentamiento global. Todos los días el planeta envía mensajes sobre las alteraciones que sufre: cambios meteorológicos que amenazan la producción alimentaria; desastres naturales más intensos y frecuentes; derretimiento de glaciares a gran escala y un aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, son solo algunos de los que señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La lista no se detiene ahí. La organización advierte que los estragos al planeta Tierra tienen una reacción en cadena sobre el desarrollo socioeconómico, la salud humana, la migración, el desplazamiento, la seguridad alimentaria y ecosistemas que desaparecen.
En estos desafíos, las empresas tienen mucho por aportar.
Esta emergencia también es para las empresas
Los negocios también han sufrido los estragos del cambio climático, especialmente los que operan en sectores como el agroalimentario, de transporte, logístico y del consumo. Esto se ve reflejado en mayores costos para las organizaciones y finalmente en el aumento del precio de sus productos y servicios.
Ante este escenario, Hogan Lovells, bufete mundial de abogados con servicios legales en Energía y Medio Ambiente, refiere que las organizaciones deben implementar políticas para combatir el cambio climático; en la medida en que sean efectivas y generalizadas representarán menores costos, seguido de un incremento de rentabilidad.
En el mundo ya hay empresas que atestiguan estas buenas prácticas. Específicamente, un grupo de 28 empresas internacionales, cuya capitalización de mercado se valora en 1.3 billones de dólares, se comprometieron en alinear sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados centígrados, como se dictó en el Acuerdo de París.
Los representantes de las compañías aseguraron que alcanzarán el objetivo de cero emisiones de dióxido carbono netas en el año 2050 cuando se reunieron en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, celebrado en 2019.
Entre los firmantes aparecen empresas como AstraZeneca, Hewlett Packard Enterprise, Iberdrola, Levi Strauss & Co., Mahindra Group, Natura & Co, SAP, Signify, Telefónica, Telia, Unilever, Vodafone Group PLC y Zurich Seguros, entre otros.
Las 28 multinacionales representan colectivamente a más de un millón de empleados de 17 sectores y más de 16 países.
¿Y México?
México también asumió compromisos internacionales y generó políticas públicas para reducir las emisiones de GEI. En ese campo, el sector eléctrico es un jugador clave para apuntar a un futuro sustentable, puntualizó la Asociación Mexicana Energía (AME), que integra a los principales generadores de energía eléctrica tanto de capital nacional como internacional.
Los efectos del cambio climático no solo modifican la forma de producir y consumir electricidad, sino que vienen acompañados de una revolución tecnológica en la que empresas privadas tienen soluciones para compartir, destacó la asociación.
Asimismo, considera que el cambio climático orilla tanto a empresas privadas como públicas a enfrentarse a nuevos riesgos de un impacto potencialmente devastador. El problema que tienen las empresas del sector eléctrico, plantea, es que el marco regulatorio debe generar iniciativas para recompensar económicamente la resiliencia del sistema eléctrico.
Hogan Lovells, por su parte, asegura que hay diversas prácticas en favor de un desarrollo sustentable. Una de las más comunes es firmar contratos de suministro o compraventa de energía eléctrica, producida 100% con fuentes renovables.
Igualmente, varias organizaciones buscan migrar a esquemas de energía distribuida o “generación local / abasto aislado”, lo que implica invertir en proyectos de generación de energía eléctrica al lado del sitio en donde se consume. Esto se logra mediante la instalación de paneles solares o por una construcción de plantas de cogeneración.
Consumir energía renovable o limpia no es lo único que las organizaciones pueden hacer para operar con sustentabilidad, señaló Hogan Lovells. También existen estrategias de ahorro de agua; de eficiencia energética dentro de organizaciones y reducción de consumo de combustibles fósiles para procesos productivos.
En general, Hogan Lovells considera que la IP de México ha realizado inversiones importantes para combatir el cambio climático. En el sector industrial y productivo, grandes conglomerados mexicanos invirtieron capital en el desarrollo de centrales eléctricas renovables para su propio consumo.
“Es de notarse que las inversiones para reducir la huella de carbono de empresas generalmente implican mayores ganancias en eficiencia productiva, lo que incrementa la rentabilidad de las organizaciones”, destacó.
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Rigurosidad en políticas medioambientales: área de oportunidad
La rigidez de las obligaciones medioambientales incrementará a nivel mundial. Sin embargo, en México no se identifican políticas públicas del gobierno federal del actual sexenio encaminadas a incrementar la rigidez de las políticas medioambientales, o bien, hacerlas más efectivas y eficientes.
Hogan Lovells señaló que se debe de distinguir entre las obligaciones medioambientales y políticas que permitan a las empresas reducir sus huellas de carbono. Las obligaciones medioambientales se encuentran inmersas en un sistema complejo de leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, normas oficiales, tratados internacionales y precedentes judiciales.
“Todas estas obligaciones buscan generar resultados, aplicadas de manera conjunta. Establecer, por ejemplo, que las obligaciones relacionadas con emisiones a la atmósfera son más importantes que aquellas relacionadas con el manejo de residuos sería un despropósito”, consideró.
Opinó que leyes como la Reforma Energética de 2013 deben continuar vigentes, ya que desde su promulgación ofrecieron incentivos para que inversionistas desarrollaran proyectos de energía limpia y renovable.
“Esto fue algo sumamente innovador a nivel mundial, ya que el diseño del mercado mexicano se enfocó en proporcionar incentivos de mercado y no subsidios, lo cual siempre es bien recibido por los inversionistas”, respondió la firma.
Por otro lado, señaló que México carece de una política capaz de incentivar la inversión y desarrollo en el almacenamiento de energía verde, vehículos eléctricos y proyectos de hidrógeno verde.
Asimismo, la agenda del gobierno federal debería considerar impuestos ambientales para aplicarse en todo el país. A diferencia de otros tributos, estas contribuciones no tienen una finalidad recaudatoria, sino que buscan corregir una externalidad negativa.
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Para tomar en cuenta
En México existen certificaciones que garantizan la generación de electricidad mediante fuentes renovables. Desde la Comisión Reguladora de Energía se emiten los Certificados de Energías Limpias (CEL). Estos títulos acreditan a empresas la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centro de carga.
El CEL es un instrumento del mercado cuyo precio no es fijo, sino que depende de la oferta y la demanda. Los participantes del mercado eléctrico podrán presentar ofertas para vender y comprar CEL a cualquier precio.
Adicionalmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente expide tres tipos de certificados que reconocen el desempeño medioambiental de las empresas: el de Industria Limpia, el Calidad Ambiental y el de Calidad Ambiental Turística.
El verdadero reto para la humanidad no es el COVID-19 sino el cambio climático, un fenómeno que permanecerá por décadas. De no generar acciones para reducir su impacto causará daños irreversibles en todos los órdenes.