Por Ernesto Núñez Albarrán
Twitter @chamanesco
En otros países le llaman revocatoria de mandato o referéndum revocatorio. Consiste en un ejercicio de democracia participativa –previsto en pocas constituciones a nivel mundial– mediante el cual los ciudadanos adquieren el poder de concluir de manera anticipada el periodo de un gobernante electo democráticamente.
Es como una elección al revés: desde las urnas se le quita el poder a quien fue electo en las urnas.
La figura es compleja y ha caído en desuso en democracias consolidadas como la estadounidense, donde sólo se contempla en las leyes de algunos estados. También en Suiza, donde se prevé en constituciones cantonales; Argentina o Canadá, que la contemplan a nivel provincial y municipal.
En la región latinoamericana, sin embargo, la figura adquirió cierto auge en las últimas décadas y se incorporó a las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
En Venezuela, la oposición a Hugo Chávez promovió el referéndum revocatorio en 2004, dos años después de haber dado un golpe de Estado en su contra, que sólo lo separó dos días de la Presidencia.
La pregunta hecha a los venezolanos el 15 de agosto de 2004 fue la siguiente:
Te puede interesar: INE e INEGI estrenan la plataforma «Estadísticas Censales 2020»
“¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas, al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?”.
Ganó el No, con más del 59 por ciento de los votos, por lo que Chávez salió victorioso y fortalecido para sus futuras reelecciones, que le permitieron mantenerse en el poder hasta su muerte en 2013.
En Bolivia, Evo Morales se sometió al procedimiento en 2008, en medio de una grave crisis política que, de hecho, se zanjó a partir del referéndum en el que fue ratificado con más del 60 por ciento de los votos.
Planteada en positivo, la pregunta que mantuvo a Evo en el poder decía textualmente:
“¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?”.
Un año después del ejercicio, Evo se reeligió y se quedó en el poder hasta 2019.
En México, la revocación de mandato fue incluida en las constituciones de algunos estados durante el siglo XX, pero nunca fue utilizada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura: en 2010 para la constitución de Yucatán y en 2012 en el caso de Chihuahua.
También lee: Inicia proceso de entrega-recepción en el ayuntamiento de SLP
Fue en 2019, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el Congreso reformó el artículo 35 de la Constitución para incorporar la revocación de mandato como uno de los derechos de la ciudadanía ante la pérdida de confianza en el titular del Poder Ejecutivo, ya sea federal o estatal.
Esto abrió la puerta para que en los próximos meses este proceso pueda llevarse a cabo y para una nueva polémica entre la 4T y la oposición.
Morena, el partido del presidente, empuja la idea de que la revocación de mandato se efectúe en positivo, con una pregunta “de fácil comprensión para la ciudadanía”, que prácticamente convertiría la consulta en una ratificación de mandato:
“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.
La oposición, en cambio, busca que la pregunta respete el espíritu constitucional de esta figura de democracia directa, para quedar redactada de la siguiente forma:
“¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”.
A esa discusión antecedió un debate previo: ¿era necesario que la agonizante 64 legislatura celebrara un periodo extraordinario para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato antes de que terminara agosto?
Te puede interesar: Estos son los resultados de Consulta Popular en Querétaro
Morena insistía en que sí –así lo ordenó López Obrador desde las conferencias mañaneras–, pero la oposición impidió que se aprobara un periodo extraordinario y envió el tema a septiembre, cuando se instale la 65 legislatura.
Más allá de este atolladero, la revocación o ratificación de mandato anuncia fuertes tempestades en lo político para el cierre de 2021 y el primer trimestre de 2022.
Con o sin ley secundaria, las huestes lopezobradoristas promoverán el ejercicio, movilizarán a los suyos e intentarán conseguir los 2.8 millones de firmas requeridas en la Constitución para solicitar formalmente al INE que lleve a cabo esta consulta, que en los hechos es del tamaño de una elección federal.
Requiere millón y medio de ciudadanos que funjan como funcionarios de casilla, la instalación de más de 160 mil centros de votación, la impresión de más de 93 millones de papeletas, listas nominales, actas de escrutinio y cómputo, cuadernillos de capacitación… más la implementación de medidas sanitarias, difusión, acreditación de observadores, casillas especiales, voto desde el extranjero, validación de la Lista Nominal de Electores y un largo etcétera.
Una logística que podría costar 3 mil 800 millones de pesos –según los cálculos del INE– y que podría no servir de nada, más que para medir la popularidad de López Obrador a la mitad de su sexenio.
Si se juntan las firmas, la convocatoria al proceso de Revocación de Mandato se lanzaría en diciembre, la campaña empezaría en enero y a mediados de marzo la ciudadanía estaría yendo a las urnas a contestar Sí o No a la pregunta que finalmente definan los legisladores.
Lee también: Aguascalientes: La configuración política hacia la gubernatura
Para que tenga efectos legales, deberá participar al menos el 40 por ciento del padrón electoral (aproximadamente 38 millones de personas) y para que el presidente tuviera que dejar el cargo se requeriría que más de la mitad de los votantes opten por la revocación (aproximadamente 19 millones).
Si eso ocurriera, AMLO dejaría la Presidencia inmediatamente. Asumiría temporalmente el poder quien en ese momento fuera presidente de la Cámara de Diputados, quien tendría 30 días para convocar al Congreso a constituirse en colegio electoral y designar a uno de sus miembros presidente o presidenta de la República para concluir el mandato sexenal.
No se convocarían a nuevas elecciones y México sería gobernado por un presidente interino.
La crisis política se habría consumado y el país se hundiría en una grave espiral de inestabilidad económica y social, mucho más grave de la que ya padecemos.
Así el panorama, probablemente sea mejor que el país se ahorre esos 3 mil 800 millones de pesos.