La presentación del Nuevo Modelo Educativo (NME) y la reacción notablemente positiva que ha tenido en la mayoría de los sectores, ha reintroducido la idea de que, si la reforma educativa hubiera empezado por allí, se hubieran evitado tensiones innecesarias en algunas porciones del magisterio mexicano.
Desde el punto de vista político, esa tesis es insostenible porque el diseño, formulación y ejecución de la reforma pasaba, inevitablemente, por un elemento de sentido común: recuperar el liderazgo de la gestión y las decisiones de la política pública educativa, sin lo cual hubiera sido imposible emprender una transformación de fondo.
Por lo general, según demuestra una amplia literatura académica, suele ser normal que la ejecución de una reforma educativa profunda conlleve conflictos de diversa naturaleza y dimensión porque introduce cambios radicales en sistemas relativamente complejos, habituados a la estabilidad y en donde, por una parte, los diversos agentes tenían asignado un rol predecible y sostenible en el mediano y largo plazo, y, por otra, los arreglos políticos, presupuestales e institucionales ensamblados por largo tiempo se ven alterados a consecuencia de la reforma misma.
En los países que las han abordado, hay dos clases de reformas educativas. Unas, llamadas de acceso o ingreso, son las más sencillas porque se dirigen a atender necesidades de cobertura. En ellas basta una organización eficiente y recursos suficientes para alcanzar resultados más o menos exitosos. Las otras, de tipo sistémico o estructural, son más complejas desde el punto de vista técnico y político, porque se dirigen a mejorar la calidad del servicio, lo cual es más difícil y gradual. Algo de esto es lo que ha sucedido en México en los últimos años. Veamos.
La reforma educativa tuvo que instrumentarse en dos etapas. Una es la gestión de la educación, es decir, la operación de la SEP y el entramado legal sobre el que se sostuvieron, por ejemplo, la relación laboral con los sindicatos y el papel de estos en las decisiones internas de la autoridad, así como el esquema salarial o la rendición de cuentas mediante la evaluación docente. Y la segunda, representada por el NME, fue abordar la cuestión de la calidad educativa, lo cual supuso plantear innovaciones en este rubro.
Aunque la evidencia internacional sugiere que así es como operan las reformas exitosas, la discusión de los últimos años recogió solo una de las variables –la evaluación docente– y omitió la apreciación integral de una estructura de gestión que, tal como estaba, habría entorpecido la ejecución de las políticas, de la cual depende una reforma eficaz, en cuyo centro estaba la reorganización de la administración educativa. En consecuencia, ¿por dónde había que empezar?
Lo primero es la modernización del marco jurídico, constitucional, legal y reglamentario. Como es bien conocido, el entramado normativo del sector educativo se expresaba en docenas de instrumentos en los cuales se fundó el cogobierno de la SEP, ciertamente perfeccionado hacia un lado entre 2000 y 2012, que en la práctica nulificó cualquier pretensión innovadora o de creación de un sistema de incentivos que alentara el mérito, la transparencia, la calidad o la rendición de cuentas.
La segunda parte tiene que ver con la revisión del marco laboral. Los procesos de descentralización en diversas áreas de política pública han sido constantes y profundos desde los años ochenta. Sin embargo, por diversas razones, un esquema incompleto de descentralización creó incentivos negativos para asumir un mayor protagonismo de los estados en la gestión educativa. La eliminación de la llamada “doble negociación salarial”, la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Educativo (que recentralizó los pagos del personal docente en la SEP) y la depuración de la nómina, corrigieron una tendencia perversa que previamente produjo una grave anarquía salarial y puso en crisis las finanzas de algunas entidades. De allí que el NME introdujera un capítulo novedoso sobre la gobernanza del sistema educativo.
Una tercera consideración, en la lógica de recuperar la conducción estatal de la gestión educativa y emprender los cambios hacia la mejora de la calidad, tiene que ver con el hecho de que, ahora, ha sido posible una amplísima participación social en la discusión de los temas educativos, del que el NME es su expresión más integral, cosa que tal vez habría sido imposible bajo un sistema cerrado en el cual las principales decisiones eran tomadas dentro de los cauces de una negociación corporativa.
La reforma educativa irá cobrando una prioridad cada vez más intensa en la agenda pública del país y a partir de lo avanzado hasta ahora, se convertirá con el tiempo en un genuino instrumento de igualación social y económica.