Como sociedad, nos preocupa regir nuestra convivencia en un país de leyes que tenga condiciones ideales para hacer efectivo el estado de derecho, la justicia social, la equidad laboral y el bienestar incondicional.
Pero, bien decía el economista inglés John Stuart Mill que las leyes no se mejorarían nunca, si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales no fueran mejores que las leyes existentes.
En esa realidad y haciendo eco de numerosas voces, nuevamente señalo que la Reforma Hacendaria vigente está muy lejos de alcanzar los logros prometidos, pues solo ha producido infinidad de conflictos y desajustes tanto en la productividad de las empresas como en el presupuesto de los hogares mexicanos.
Esta reforma, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014, contempló cambios importantes en diversas leyes, los cuales solo trajeron más cargas administrativas y tributarias a los contribuyentes. En el caso de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se establecieron mayores límites a las deducciones, como las hechas en las inversiones en automóviles, que pasaron de 175 000 a 130 000 pesos (monto que de por sí ya era poco), y en los pagos realizados por los patrones a sus trabajadores por conceptos de previsión social, cajas y fondos de ahorro, horas extras, primas vacacionales, indemnizaciones, aguinaldos… y todos aquellos considerados ingresos exentos para los empleados, los cuales solo podrán hacerse deducibles hasta 53 por ciento. También se eliminó la deducción inmediata de inversiones, que era un estímulo para empresas nacionales y extranjeras, pues se podía deducir en un solo año un gran porcentaje de la inversión.
Para las personas físicas se modificó la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual de 30 llegó a 35 por ciento; se limitaron las deducciones personales como los honorarios médicos, dentales y hospitalarios, así como los intereses generados por créditos hipotecarios; se estableció una tasa adicional de ISR de 10 por ciento cuando las personas físicas reciban utilidades o dividendos.
Otro cambio fue la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO) y el Régimen Intermedio, con lo cual se creó el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con más cargas administrativas y gastos, como la obligación de llevar por internet la contabilidad, apertura de una cuenta bancaria para hacer pagos de compras e inversiones con cheque o tarjeta de crédito, realización de pagos bimestrales, determinación de ingresos y gastos fiscales. Antes, solo se pagaba sobre los ingresos conforme a una tarifa; por eso, insisto, esta medida únicamente está ocasionando que los empresarios se vuelvan informales para no pagar impuestos, con todo lo que esto implica.
De las transformaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está la eliminación de la tasa de 11 por ciento que se tenía en la región fronteriza y su homologación a la tasa de 16 por ciento. También a partir de 2014, la venta de perros, gatos, mascotas, alimento para mascotas, gomas de mascar y transporte foráneo de personas está sujeto a la tasa de 16 por ciento (antes de la reforma fiscal no se pagaba IVA por esto).
En las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (LIEPS), se incluyó un nuevo gravamen de 8 por ciento para los alimentos con alto contenido calórico (botanas, confitería, chocolates y derivados del cacao, dulces de leche, helados, nieves, alimentos preparados a base de cereales, etcétera).
En el Código Fiscal de la Federación, se otorgaron mayores facultades a las autoridades fiscales, quienes tienen una mayor fiscalización por medio de auditorías electrónicas, pues se estableció como obligación de los ciudadanos enviar su contabilidad por internet al Servicio de Administración Tributaria (SAT); manejar un buzón tributario, el cual es un sistema de comunicación electrónico entre autoridades y contribuyentes; además de la emisión de facturas electrónicas.
Estas modificaciones, se nos dijo, fortalecerían la capacidad financiera del estado, incrementarían la recaudación para elevar el gasto gubernamental, darían mayor simetría fiscal, facilitarían el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promoverían la formalidad. Sin embargo, a más de un año de implementación, su realidad es otra.
Solo baste ver el descontento que ha provocado en muchos emprendedores, los cuales amenazan con volverse informales. Al mismo tiempo, y aunque se nos trate de decir lo contrario, el país atraviesa por un retroceso económico, que se ha profundizado por esa falta de apoyo al inversionista, más otros problemas conocidos como la depreciación del peso frente al dólar, la baja en el precio del petróleo y el sobre endeudamiento de los gobiernos.
Ante este panorama y tras un año de la entrada en vigor de esta reforma, valdría la pena preguntarnos qué tanto ha contribuido en el crecimiento económico, las inversiones y la generación de fuentes de empleo.
La realidad del crecimiento
Con la Reforma Hacendaria, el presidente Peña Nieto, en su paquete económico, estimó que el crecimiento del país para 2014 sería de 3.9 por ciento con una inflación de 3 por ciento, el precio del barril estaría en 85 dólares y el tipo de cambio se colocaría en 12.90 pesos por dólar. Pero la realidad fue otra: económicamente crecimos 2.1 por ciento, la inflación se disparó a 4.08 por ciento, el precio del barril se cotizó por debajo de los 50 dólares y el tipo de cambio sufrió una fuerte devaluación al cerrar en diciembre en 14.73 pesos por billete verde.
Para 2015, el mandatario estimó un crecimiento de 3.7 por ciento, inflación de 3 por ciento, tipo de cambio de 13 pesos y precio del barril de petróleo en 82 dólares. A cinco meses de iniciado el año, los especialistas han hecho cuatro ajustes en estos cálculos, el último de ellos fue dado a conocer por el CIDE: al mes de abril, el crecimiento se calculaba en 2.4 por ciento, la inflación en más de 3.11 por ciento, el tipo de cambio ha estado rondando los 15.60 pesos, con una continua devaluación, y el precio del barril de petróleo estaba en 58 dólares en la segunda semana de mayo.
Conforme a lo anterior, podemos apreciar que las previsiones del gobierno federal se encuentran muy por debajo de las metas oficiales. Sabemos que los cuatro principales factores que inciden negativamente en México son: una reforma fiscal deficiente y recaudatoria (la cual genera una disminución de la dinámica económica, resta poder adquisitivo a la clase trabajadora, inhibe las inversiones, golpea a la clase media y sofoca a las empresas de cualquier tamaño), inseguridad pública, debilidad en el mercado interno y externo, y economía mundial.
Es claro que la nación necesita incentivos fiscales cuyas prioridades sean: proteger e impulsar a la clase trabajadora, apoyar a las Pymes con menores cargas tributarias para que de verdad sean una palanca de desarrollo del país, promover reformas fiscales atrayentes para los inversionistas, generar políticas públicas responsables y que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y simplificar las cargas administrativas de los contribuyentes.
Aunque hay un daño irreversible en muchas empresas por estas modificaciones, tenemos una valiosa oportunidad para reconsiderar sus condiciones y cambiar los efectos negativos. Yo siempre mostré mi oposición hacia ella y traté de buscar un mejor esquema para el desarrollo económico, por eso presenté siete iniciativas desde el senado para contrarrestar sus efectos.
No obstante, la responsabilidad ahora estará en poder de la nueva cámara de diputados con la adecuación del marco regulatorio e incluso con una contrarreforma. En sus manos estará el destino de la política económica, una que sea apropiada para México; considere el bienestar de los trabajadores a través del reconocimiento al talento, aumento de oportunidades en el mercado laboral, mejores salarios; y permita el progreso del sector empresarial, en lugar de hostigarlo con políticas recaudatorias, burocráticas.