Desde hace meses el conflicto independentista en Cataluña tiene expectantes a los medios de comunicación en todo el mundo. Hacer un análisis resulta complejo pues se mezcla al aspecto jurídico y político componentes históricos, culturales y, sobre todo, sentimientos nacionalistas. Es por ello que me limitaré a presentar algunas de las claves para entender los porqués de este conflicto.
Cataluña forma parte del Reino de Aragón como resultado del matrimonio celebrado entre el Conde de Cataluña y la Reina de Aragón en 1137. Pese a esta unión, Cataluña conservó cierta autonomía: tenía sus propias leyes y en el siglo XIV creó una de sus instituciones fundamentales: la Generalitat, es decir, el gobierno local. Pese a esta autonomía, el pueblo catalán se manifestaba inconforme por el cobro de impuestos que la Corona Española le hacía para solventar sus guerras, tanto que en 1640 se dio un primer levantamiento popular en contra de ésta. En el reinado de Felipe V de la casa Borbón (1700-1746) -ascendiente del actual Rey de España, Felipe VI-, fueron abolidas varias instituciones catalanas, incluida la Generalitat y se les impusieron nuevos y mayores impuestos.
Durante el siglo XIX surge entre la sociedad catalana un fuerte sentimiento independentista y se crean los actuales símbolos catalanes como la bandera y el himno. En 1913 se reconoce en España el derecho de mancomunidades provinciales, que supone el primer reconocimiento por parte del Gobierno de la personalidad y unidad territorial de Cataluña; sin embargo, en la dictadura de Primo de Rivera este derecho es eliminado y se prohíbe el uso del catalán y la bandera en espacios públicos.
Con el Gobierno de la Segunda República se restaura la Generalitat y la Constitución española de 1931 reconoce la autonomía regional y permite la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. En la Revolución de 1934, el President de la Generalitat proclama unilateralmente la República Catalana, pero interviene el Ejercito Español y lo impide. Durante la dictadura de Francisco Franco se suprime el Estatuto de Autonomía, se elimina la Generalitat y se da una persecución de la cultura y lengua catalana, asimismo, se prohíben los partidos políticos catalanistas.
En 1978, durante la transición española, se restaura la Generalitat y el Estatuto de Cataluña; a partir de esta fecha, se vive un período de relativa estabilidad política. Empero, el conflicto resurge cuando, en 2006, el Partido Popular impugna ante el Tribunal Constitucional las reformas que el Gobierno Catalán hace al Estatuto de Autonomía. En el año 2010, el Tribunal declara nulos 14 de estos artículos reformados, entre los cuales, estaba el uso preferente del catalán en las administraciones públicas y medios de comunicación.
Lo anterior -aunado a la crisis económica del 2008, al destape de diversos casos de corrupción gubernamental y al descontento por la forma en que el Estado Español distribuye los recursos públicos- reavivó el sentimiento independentista catalán, por lo que el 9 de noviembre de 2014 el Gobierno realizó un primer referéndum para decidir la permanencia de Cataluña en España, en el que, con baja participación, ganó el sí a la independencia.
En el año 2015 el Tribunal Constitucional invalidó dicho referéndum y ordenó a los gobernantes catalanes detener cualquier iniciativa de referéndum independentista. Sin embargo, ese mismo año la Generalitat de Cataluña, en desacato a la sentencia, anunció el adelanto de elecciones autonómicas con carácter de plebiscito sobre la independencia, en los que los independentistas ganaron en número de escaños pero no en número de votos.
De esta jornada electoral se eligió al independentista Carles Puigdemont como President de la Generalitat, quien anunció que en septiembre de 2017 se celebraría un referéndum vinculante, dando inicio a una nueva etapa en la búsqueda de la independencia catalana. El Tribunal Constitucional anuló la resolución en la que se fundaba dicho referéndum, pero el Gobierno Catalán hizo caso omiso y comenzó una campaña de difusión del mismo; finalmente, el 1 de octubre se llevó a cabo este referéndum en el que, con una participación menor al 50%, nuevamente ganó el sí a la independencia. Un proceso marcado por altercados sociales, enfrentamientos policiales y una crisis política en la que el Gobierno Español no reconocía el referéndum por ser inconstitucional y que el Gobierno Catalán usaba como bandera para la declaración unilateral de independencia.
Una vez declarada la independencia por parte del President, el Gobierno Español puso en marcha el artículo 155 constitucional que faculta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la protección de la Constitución y del interés general de España; que, entre otras, implicaron la destitución inmediata de Puigdemont y de su Gobierno. El 21 de diciembre de 2017 se convocó a nuevas elecciones, en estas, si bien el gran ganador fue Ciudadanos –partido no independentista-, Junts Per Catalunya obtuvo una alta votación, por lo que, con apoyo de los otros partidos independentistas, forman mayoría en el Parlament para elegir al President de la Generalitat.
A la fecha que se redacta el presente, en Cataluña siguen sin poder nombrar al President de la Generalitat pues, el candidato independentista, Jordi Sánchez, se encuentra sujeto a proceso por sedición y a la espera que el Tribunal Supremo le conceda la salida de prisión para que pueda ser investido. Al igual que Sánchez, ocho concellers más de la Generalitat fueron detenidos y se encuentran en proceso.
Por su parte, Puigdemont y cuatro de sus concellers huyeron a Bélgica, donde iniciaron su defensa ante los cargos por rebelión, sedición, malversación y otros delitos formulados por el Gobierno Español. El pasado marzo Carles Puigdemont viajó a Alemania donde fue detenido debido a la euroorden que tenía en su contra; sin embargo, un juez alemán decretó su libertad respecto al delito de rebelión al no considerar que la violencia ejercida pusiera en riesgo las instituciones españolas. Asimismo, respecto al delito de malversación de fondos públicos se le fijó una fianza de 75.000 euros y se le concedió la libertad condicional, por lo que Puigdemont deberá permanecer en Alemania en tanto se resuelve su situación jurídica.
Las posiciones entre los independentistas y el Gobierno Español parecen irreconciliables y están abriendo una brecha cada vez más profunda entre la ciudadanía. La Comunidad Internacional tiene los ojos puestos en Españas y en las consecuencias que este conflicto pueda seguir generando. Un conflicto histórico en el que los nacionalismos ultranza impiden el diálogo y la reconstrucción del tejido social.