En 2023, el Municipio de Aguascalientes, con el acompañamiento del gobierno estatal y del Congreso local, deberá tomar una decisión acerca del modelo con que se operarán los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los próximos años: no sólo será la más importante de sus respectivos periodos, sino la más crítica para la sostenibilidad ambiental del estado. Un error podría ser letal.
Es indispensable exigir a ambas administraciones y a la legislatura absoluto profesionalismo, conocimiento técnico, visión estratégica, información dura y transparencia. Esta no es una decisión electoral ni “para la galería”, sino de política pública. Para llegar a la mejor solución, hay que plantearse las preguntas correctas.
La primera es responder si ha funcionado o no la concesión. Los datos indican que el modelo de concesión privada produjo mejorías sustantivas en diversas variables y creó incentivos positivos para modificar los patrones de consumo doméstico, comercial e industrial en la capital; sin embargo, no sucedió lo mismo en la perversa distribución entre usos urbanos y agropecuarios.
El gobierno municipal debe encargar una evaluación profesional, externa e independiente a una firma de consultoría con prestigio global (McKinsey o AT Kearney, por ejemplo) para que haga un balance de la concesión desde todos los ángulos y proponga un abanico de opciones.
Algunos resultados son reveladores. Con datos del INEGI y el CONEVAL, la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento es hoy en la ciudad de Aguascalientes de 99.5%; antes de la concesión, era de 65%.
93.7% cuenta con suministro diario del vital líquido, en contraste con la media nacional de 73% de los hogares con tubería de agua potable. Aguascalientes es el primer estado con mayor cobertura de agua potable a nivel nacional. El consumo promedio de agua de los usuarios observa una disminución al pasar de 379 litros por habitante al día en 1996 a 180 litros en la actualidad.
Debido a la mayor utilización de agua tratada, el volumen suministrado de agua potable se ha reducido en 10 millones de m3 anuales; no obstante, el padrón de usuarios ha crecido a una tasa acumulada de 143% en los últimos veinte años, pasando de 107 mil (hogares, comercios e industrias) en 1993, a más de 260 mil en la actualidad.
Una evaluación rigurosa seguramente concluirá que el modelo más eficiente es el de una concesión integral de carácter privado, con nuevo título y nuevas reglas, así como un regulador municipal más estricto y eficaz.
Partamos de la siguiente evidencia: los gobiernos, en sus tres niveles, son pésimos gestores. Entre 1970-82 el gobierno federal fue propietario de empresas de fertilizantes, camarón, bicicletas, hoteles, planchón, centros nocturnos, uranio, siderurgia, astilleros, ingenios, TV, radio, cines, mineras, textiles, papel, cemento, aviación, refrescos, vidrio; 1155 en total. Todas fueron un fracaso y terminaron extinguidas o privatizadas en los siguientes doce años.
La lección es que no existe en México una sola empresa pública que funcione bien. En los servicios públicos, con excepciones, suele ocurrir lo mismo. En materia de agua, algunos de los modelos mejor calificados son privados: Cancún o Saltillo, por ejemplo.
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De ser así, la segunda pregunta es qué operador reúne el mejor perfil. El municipio debe convocar a una licitación pública, abierta, transparente y con asesoría internacional de organismos como el BID o el CAF —ambos bancos con larga y probada experiencia en la materia—.
No puede (ni debe) ser un proceso opaco y restringido a dos o tres participantes, escogidos previamente de manera discrecional por el gobierno estatal o municipal, donde ya se sabe quien ganaría, por tres razones.
Primera: hoy, además de Veolia, existen unas 20 empresas de clase mundial que manejan algunos de los sistemas más eficientes. Entre otras:
- Suez Water, fundada en 1880, recientemente fue seleccionada como aliada estratégica por la Singapore National Water Authority y la Environmental Protection Agency (EPA) de EUA.
- United Utilities Group, operadora inglesa que presta servicios en diez países de Europa.
- Xylem, especializada en servicios municipales y sistemas de tratamiento.
Si Aguascalientes quiere tener nivel internacional, entonces merece un operador competitivo, solvente y de clase mundial de este servicio —y no un club de amigos y compadres—.
Segunda: la nueva concesión, en caso de haberla, no puede ser decidida sobre la base de prácticas corruptas en favor de alguna empresa hecha al vapor o, mejor dicho, de algún grupo de personas que hacen negocios al amparo de complicidades con los gobiernos en turno.
Distintas fuentes han manifestado serias reservas de que, en ese proceso, participe en condiciones sesgadas, por ejemplo, una empresa —GUTSA, luego llamada Epccor y AMSA— con un largo y escandaloso historial reputacional y de sanciones en casos como la Autopista del Sol, la Estela de Luz, el Hospital Hidalgo, el Paso Exprés. El año pasado, el gobierno de la ciudad de México le canceló un contrato de cobranza de agua que mantenía en cinco alcaldías.
En suma, la mejor manera de evitar confusiones y malos resultados es hacer una licitación con reglas transparentes, justas y claras.
Tercera: definir si las autoridades saben exactamente lo que está en juego. Aguascalientes es uno de los quince estados del país que padece un grave estrés hídrico. De acuerdo con el World Resources Institute, se ubica en un nivel de riesgo “extremadamente alto”.
Cualquier modelo debe partir de que el criterio superior en la decisión es la conservación y sostenibilidad del agua a largo plaz. Esto incluye mantener patrones de consumo racionales, eficiencia comercial, tarifas competitivas, disciplina en el cobro, reúso, tratamiento, una mejora radical en relación con los consumos del sector agropecuario de la entidad y una regulación adecuada asociada al desarrollo inmobiliario.
Aguascalientes sigue enfrentando un problema de insuficiente disponibilidad. Este hecho puede colapsar su desarrollo equilibrado e integral. No hay respuestas fáciles; en materia de servicios básicos, la tarea no estará completa si no se produce una nueva pedagogía comunitaria que incremente la participación colectiva, que comprenda las nuevas formas de prestación de los servicios públicos así como las decisiones que, aún complejas en lo inmediato, suelen arrojar a mediano plazo progresos y beneficios para una mejor calidad de vida.