Los datos oficiales de los comicios para gobernador celebrados recientemente en doce estados muestran que los votantes optaron por un cambio de partido en ocho de ellos. El resultado sorprendió a expertos en temas políticos; dejó al descubierto, una vez más, la falta de profesionalismo de las casas encuestadoras e hizo caer a varias leyendas de estrategas electorales invencibles.
Parece difícil explicar qué tienen en común las entidades donde ocurrió esto. Por ejemplo, en materia económica, tuvieron un decremento Veracruz y Oaxaca, cuyos indicadores han sido decepcionantes; pero lo mismo pasó en Aguascalientes, Chihuahua y Quintana Roo, punteros nacionales en crecimiento económico, empleo y formalidad laboral. Los otros tres estados se ubican a la mitad del ranking del país.
El mal humor social tiene que ver más con la corrupción y la impunidad que con el pobre desempeño económico.
En cuanto a servicios públicos básicos (agua, alcantarillado, pavimentación y alumbrado público) y bajo demanda (salud y educación), cayeron Veracruz y Oaxaca, que ostentan los peores niveles de satisfacción ciudadana; así como Aguascalientes y Sinaloa, los cuales tienen los mayores niveles de satisfacción. Las otras cuatro entidades se sitúan a la mitad de la tabla nacional.
En temas relativos a inseguridad y narcotráfico, bajaron sus calificaciones Tamaulipas y Veracruz, dos de los puntos de la república más azotados por el crimen organizado; igual pasó con Aguascalientes y Oaxaca, que han logrado mantener bajas sus tasas de homicidios y secuestros. Los cuatro estados restantes se agrupan en una categoría intermedia.
¿De dónde vino el castigo?
Pero al parecer sí hubo un aspecto en común por el cual los políticos fueron severamente castigados. Como bien dice Enrique Quintana, el mal humor social tiene que ver más con la corrupción y la impunidad que con el pobre desempeño económico.
La tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 descubre que nueve de cada diez mexicanos consideran que ser corrupto es una práctica frecuente o muy frecuente, y de acuerdo con Métrica de Transparencia de la Obra Pública, elaborada por México Evalúa, el país apenas obtiene 3.7 puntos de transparencia en una escala en la cual 10 es la mejor calificación.
Este último informe refiere que 60 por ciento de los fallos de las licitaciones de obras públicas no están publicados, y lo mismo sucede tanto como con los controles de ejecución como con los diagnósticos. Así, la corrupción propicia proyectos innecesarios, de baja rentabilidad, a precios elevados y de baja calidad, lo cual la convierte en el impuesto no legal más regresivo, pues castiga a los hogares más pobres y a las empresas más pequeñas, señala María Amparo Casar del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Enrique Krauze ha afirmado que el priismo sufrió la más dolorosa de sus derrotas por las malas prácticas de sus gobernadores. También, Leo Zuckermann escribió que los votantes de forma clara dijeron “basta” a los gobiernos estatales, los cuales se habían convertido en virreyes autoritarios y corruptos del sistema político.
¿Una transición democrática?
A esta revuelta le llama “la segunda transición de la democracia mexicana” necesaria después de la primera transición –cuando el nuevo régimen democrático federal toleró enclaves autoritarios en las entidades para asegurar la gobernabilidad nacional e, incluso, incrementó los recursos manejados discrecionalmente por las administraciones locales–.
Para quienes pretenden culpar de estos resultados a la iniciativa presidencial a favor del matrimonio igualitario, Liébano Sáenz del Gabinete de Comunicación Estratégica, después de aplicar cuatro encuestas, muestra que en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo de 75 a 77 por ciento de los encuestados señalaron que el PRI perdió por la corrupción y menos del 9 por ciento, por dicha propuesta. Incluso en el conservador Aguascalientes, 56 por ciento culpó a la corrupción y solo 19 por ciento al matrimonio igualitario.