Por: Mónica Cerbón y Jennifer González/ Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos.
El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega información que lo pruebe. La suma facturada equivale a 70 por ciento del presupuesto anual del legislativo y coincide con lo que de acuerdo con la cuenta pública el Congreso destinó a una bolsa de 149.2 millones de pesos que no ha transparentado en qué se gastó.
“No es para nada normal (que no transparente el gasto) —señala Iván Benumea, especialista en finanzas públicas—; es una falla muy grave en términos de rendición de cuentas”.
Los cobros al Congreso de Aguascalientes comenzaron en febrero del 2018 y concluyeron en diciembre del 2019. La mitad de esas 22 empresas forman tres redes que comparten accionistas, representantes, domicilios, teléfonos y correos electrónicos. La mayoría están registradas o tienen domicilio en Jalisco; otras están distribuidas entre Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Yucatán y Estado de México.
En la primera red, cuatro firmas que facturaron 26.1 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes comparten accionistas con empresas fantasma y con compañías cuyas cuentas fueron bloqueadas en 2020 por la UIF. Según investigaciones periodísticas los bloqueos fueron por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La segunda red, que facturó 43.6 millones de pesos, la forman otras cuatro compañías. Una de ellas es investigada por el gobierno de España por su presunta participación en el desvío de recursos del partido izquierdista Podemos a las campañas de Morena en México.
La última es una red de empresas constituidas en Aguascalientes que facturaron 21.9 millones de pesos, han sido proveedoras de gobiernos municipales del PAN y Morena en otras entidades e incluso han competido entre sí por contratos públicos.
Facturar servicios sin cobrarlos, como dice el Congreso que ocurrió, resulta atípico, según especialistas en materia fiscal consultados por MCCI, porque cualquier persona o negocio debe pagar impuestos de las facturas que emita. Es decir, las empresas tuvieron que haber pagado impuestos por los servicios que facturaron y que el Congreso dice que no pagó.
“Las facturas continúan vigentes, lo cual nos hace presumir que esos gastos sí fueron realizados por el Congreso, y en ese sentido debería darse la mayor información pública al respecto”, dice Benumea.
El especialista añade que en el mundo fiscal se ha observado que las empresas que simulan operaciones fiscales suelen emitir facturas en números cerrados con IVA incluido, tal como aparece en los comprobantes emitidos por las empresas al Congreso de Aguascalientes. Lo normal es que el precio bruto de un producto o servicio esté en números cerrados y esa cantidad más IVA quede en decimales.
Las once compañías restantes, de las que no se encontró más información, facturaron 49.1 millones de pesos al Legislativo de Aguascalientes y están registradas en Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Nayarit. Algunas aparecen como proveedoras de entes públicos en otros estados y de Movimiento Ciudadano y el PRI.
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Gastos fantasma y el Operativo Agave Azul
El domicilio fiscal de Consorcio Pouvoir Caelus S.C., registrada ante el SAT por Jesús Salvador Becerra Rodríguez, es una casa protegida por cámaras de seguridad y cables de alta tensión. Está ubicada en un fraccionamiento de clase media alta en Zapopan y es el nexo entre las empresas que facturaron 26.1 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes y compañías cuyas cuentas bancarias -de acuerdo con información del Poder Judicial- fueron bloqueadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La casa donde se ubica Pouvoir, que en 2019 facturó 5.5 millones de pesos en Aguascalientes por trabajos legislativos, es también el domicilio fiscal de Juan Manuel Frutos Becerra.
Frutos Becerra era socio de tres empresas – Consorcio Flaroma, Constructora Drabsa y Edificaciones Mendpad- cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF. Su socio en esas compañías era una persona de nombre José Fernando Becerra Rodríguez, que comparte apellidos con el dueño de Pouvoir.
De acuerdo con un reportaje de Semanario Zeta publicado en junio de 2020, las cuentas de esas tres empresas fueron bloqueadas por lavar dinero para el CJNG durante el “Operativo Agave Azul”, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la UIF en México. Tras el operativo, que buscaba congelar el brazo financiero del cártel, los accionistas disolvieron a las empresas.
La información disponible en los expedientes judiciales indica que las tres compañías se ampararon contra el bloqueo de sus cuentas. En diferentes meses del 2020 el amparo les fue concedido y la UIF impugnó la resolución. Hasta ahora en ninguno de los tres casos se ha dictado sentencia.
José Fernando Becerra y Frutos Becerra también declararon esa casa como el domicilio fiscal de Evoluciones en Suministros Industriales S.A. de C.V. , que en 2020 fue declarada como fantasma por el SAT.
Además, las tres compañías señaladas en el “Operativo Agave Azul” comparten correo electrónico con Cookout Party S.A. de C.V., que en 2019 fue reconocida por el Comité Directivo de Morena en Jalisco como una de sus proveedoras y en 2020 boletinada como fantasma.
Pouvoir Caelus, es parte de una red con Malta & Pearson Impulsora S.A. de C.V., Grupo Luicronoss S.C. y Grupo Urano & GEA S.C., entre las cuatro facturaron al Congreso de Aguascalientes 26.1 millones de pesos en 2019.
Las cuatro compañías comparten direcciones, correos u otros datos con una red de al menos 33 empresas propiedad de cuatro socios: Yoshio Abrahan Becerra Cervantes, Diego Armando Sandoval González, Arturo Hurtado Padilla y Jesús Salvador Becerra Rodríguez; todos nacidos en Jalisco.
En la dirección fiscal de Urano & GEA, que facturó poco más de 6 millones de pesos al Congreso hidrocálido, hay un taller de serigrafía y una cartulina con un mensaje escrito a mano que anuncia que ahí se venden muebles a mitad de precio. Su representante ante el SAT registró el mismo correo electrónico que Consorcio Flaroma y Consorcio Kubi S.C., proveedora de Morena en Jalisco en 2019.
Los accionistas de las firmas que facturaron al Congreso lo son también de empresas fantasma como Consorcio Feibose, Grupo Apolow, Grupo Junoff, Ellesclepio, Force Heracless y Corporativo Eroous.
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Una torre blanca de cristales se levanta sobre una avenida llena de corporativos y restaurantes de lujo en Guadalajara. El ingreso a las oficinas está controlado electrónicamente: a cambio de su identificación, el visitante recibe una tarjeta que activa el elevador solo para subir al piso que visita. Según documentos públicos, ahí están las oficinas de Malta & Pearson y de Grupo Luicronoss.
En la recepción, una mujer autoriza el ingreso de personas al edificio:
— ¿Aquí son las oficinas de Malta & Pearson?, preguntamos a la recepcionista. La mujer toma un radio y le repite el nombre de la empresa a un compañero que parece estar en otra zona del edificio:
— Esa ya no existe, responde la voz masculina.
— ¿Se fueron?, pregunta ella.
— Sí, se fueron hace un mes.
— ¿Eran los de Bansisa?
— Sí.
“De hecho se fueron sin avisar”, nos dice la joven, que no identifica ninguna empresa llamada Grupo Luicronoss -registrada ante el SAT por Arturo Hurtado Padilla- en su directorio.
La oficina que esas empresas consignaron como su domicilio fiscal, es también la dirección de otras dos compañías propiedad de los mismos cuatro accionistas: Grupo Bansisa, proveedor de volantes de campaña para el PAN en Jalisco durante 2018, y Cronady, que en 2017 vendió equipo táctico y de espionaje a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco. La empresa fue disuelta en 2020.
Esta red de compañías ha obtenido contratos y forma parte del padrón de proveedores en diversos municipios de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y los partidos políticos de Morena y Acción Nacional.
Yoshio Abrahan Becerra Cervantes y Diego Armando Sandoval González, los empresarios que facturaron al Legislativo de Aguascalientes a través de Malta, también son socios en Restdelagoza S.A. de C.V., una empresa con licencia para operar farmacias en Jalisco y en cuyas direcciones no existe ningún negocio de medicamentos. Además de sus farmacias, tienen una minera: Grupo Extercón de América S.A. de C.V., que según su página de internet extrae minerales en Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.
Según sus actas constitutivas, ambas empresas fueron creadas al mismo tiempo. La dirección de la minera en Guadalajara fue registrada en un contrato público como el domicilio fiscal de Transportes Logísticos Tokei, declarada en 2021 por el SAT con actividades presuntamente irregulares. Ahí, es también un segundo domicilio, de acuerdo con contratos públicos, de Edificaciones Mendpad, cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por la UIF. A esa casa de muros altos regularmente acude un hombre de apellido “Becerra”, dijo la persona que atendió la puerta.
España y la campaña presidencial del 2018
En 2018, cuatro empresas facturaron servicios idénticos por 43.6 millones de pesos: casi una tercera parte del dinero que el Congreso no justificó en su cuenta pública. A la fecha, ninguna de las compañías opera en el domicilio fiscal con el que aparece en contratos públicos.
Una de esas firmas es Creative Advice Interactive Group, S.A. de C.V. De acuerdo con una investigación del diario El Mundo, el gobierno de España investiga la participación de esta sociedad en el supuesto desvío de 308 mil euros del partido izquierdista español Podemos a las campañas de Morena en México en 2019.
De acuerdo con otros medios de ambos países, la empresa también es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera en México.
Su representante legal, Marco Antonio Torres Rico, también representa a I+D Discovery Group, S.A. de C.V., otra empresa que timbró comprobantes fiscales al Congreso de Aguascalientes.
El domicilio que Torres Rico registra como suyo en documentos públicos es una plaza comercial vacía y es el mismo que reporta Donan Adm, S.A. de C.V. como domicilio fiscal en Jalisco. Además de la dirección, Donan tiene los mismos apoderados legales que Creative e I+D.
También tiene la misma representante legal que tenía National Business Model ARS, S.A. de C.V. en 2018, cuando se convirtió en la cuarta empresa de esta red en facturar servicios al Congreso hidrocálido.
Viejos conocidos en Aguascalientes
Hay una tercera red que facturó al Congreso hidrocálido 21.9 millones de pesos, compuesta por tres empresas: Acción Continua Seguridad Privada, Grupo Visión y Asociados de Yucatán y Pacheco, Hernández, Torres y Asociados. Las tres tienen domicilio en Aguascalientes, sus accionistas están asociados entre sí en otras compañías y han sido proveedoras de gobiernos municipales del PAN y Morena; además, operan en la misma finca.
Daniel Barba es el socio principal de Acción Continua Seguridad Privada S.A. de C.V. El representante de Pacheco, Hernández, Torres y Asociados S.C., es Carlos Alberto Pacheco Labias. Afuera de sus oficinas hay una lona que dice “Abarrotera Reborujado”, cuya representante legal es María Adelita Mata Salas, quién también representa a Grupo Visión y Asociados de Yucatán, registrada en Mérida.
Los hermanos José Manuel y Roberto Pacheco Labias son socios de Barba Román en otras empresas proveedoras del Municipio de Aguascalientes. Una de ellas, Consultores en Eventos y Entertainment.
Aunque la ley lo prohíbe, el Municipio ha permitido que empresas que comparten socios compitan por un contrato público. Por ejemplo, en 2017 la Secretaría de Administración adjudicó directamente dos contratos por 2.6 millones de pesos a Consultores en Eventos y Entertainment. La dependencia cotizó los mismos servicios con Nuevas Tecnologías en Marketing y Publicidad Corp, una empresa con la que Consultores comparte domicilio fiscal y cuyos representantes legales son los hermanos Pacheco Labias.
Pacheco Labias reconoce que ha sido proveedor del Legislativo y que éste nunca le ha solicitado cancelar facturas, que no tiene pagos pendientes y que ha cobrado por servicios de seguridad y auditorías al Congreso.
–Lo más seguro es que ya se pagaron (las facturas de 2018 y 2019) porque normalmente el Congreso del Estado nos paga a finales de año. Lo más seguro es que se hayan pagado hasta el 2019.
–¿Nunca les pidieron cancelar algún tipo de factura?
–No… Piden, a veces, cancelar pero cuando los conceptos están mal o cuando hay alguna inconsistencia en las cantidades o la retención.
–¿Pero nada que les hayan dicho: ‘no, la contratación no se hace’?
–No, ha sido un servicio normal.
–¿Qué tipo de servicios les hacen?
–Pacheco, Hernández es servicios de captura de datos, contabilidad, auditorías, más que nada. Acción Continua son servicios de vigilancia, seguridad…
–¿Personal de seguridad para el Congreso?
–A veces nos pedían para cuestiones de monitoreo. Pero no recuerdo que se haya cancelado alguna factura.
–Y en el caso de Grupo Visión, ¿qué servicio es?
–Es similar al de Pacheco, Hernández. Son servicios de auditoría, más que nada.
Daniel Barba Román, el otro socio de las empresas de la red, reconoce haber prestado servicios al Legislativo y no recuerda haber cancelado alguna de sus facturas.
–¿Sí prestaron los servicios?
–Sí.
–¿Ya se los pagaron?
–Tengo que checar cuál fue para ver si ya están pagados, liquidados totalmente, porque hay unos que los piden a crédito.
–Las facturas están todavía vigentes en el SAT, es decir, ¿es deuda que está por pagarse?
–Entonces son pendientes de pago.
Pese a que los empresarios reconocen que han prestado servicios al Congreso en diversas ocasiones, el Legislativo nunca los ha incluido en el padrón de proveedores publicado en el apartado de transparencia de su página web.
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Tres años de campañas y opacidad
En Aguascalientes, los responsables de aclarar dónde están los 140.8 millones de pesos facturados son actuales diputados, reelectos o con licencia para competir en la elección de 2021.
“Aunque esas facturas fueron emitidas por las empresas, el Congreso podría decidir cancelarlas y es información que debe ser conocida por la autoridad (Congreso). Nada les impide legalmente dar a conocer los detalles de esas operaciones”, añade Iván Benumea, especialista en finanzas públicas.
Debido a que el Legislativo no presentó alguna prueba de que hubiera solicitado cancelarlas, al estar vigentes esas facturas podrían haber sido ya pagadas o pueden cobrarse, según especialistas consultados.
En el Congreso, el Comité de Administración decide el destino del dinero y la Comisión de Vigilancia revisa y aprueba la fiscalización de todo el gasto público en el estado. Los diputados que integran esos órganos deben explicar por qué empresarios investigados o señalados por el SAT facturaron servicios que niegan haber contratado y a dónde y en qué gastaron la bolsa presupuestal que no desglosaron en la cuenta pública del 2018 y 2019, años en los que se celebraron elecciones.
De acuerdo con información entregada por el Congreso, en esos años los integrantes de dichos órganos fueron los panistas Alejandro Serrano, Enrique García López, Gustavo Báez (actual presidente estatal del PAN), Guillermo Alaníz, Karina Eudave y Mónica Jiménez, además del morenista Héder Guzmán, el priista Juan Manuel Gómez y el ecologista Sergio Augusto López.
Guzmán declinó la entrevista, argumentando que solo estuvo en la Comisión de Vigilancia durante dos meses y no participó “en ese proceso”. El resto de los diputados no respondieron.
La investigación fue publicada originalmente este lunes en la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.