La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, presentó, ante la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, el informe de labores 2019, su segundo en el cargo.
Al hacer entrega del documento respectivo, señaló que el año pasado la prioridad de la institución fue trabajar estratégicamente para ofrecer justicia de calidad, con estricto apego a la legalidad y de manera cercana transparente y confiable, a sabiendas del compromiso que conlleva decidir en asuntos que involucran el patrimonio, la estabilidad familiar o la libertad de las personas.
Tras asegurar que el ejercicio de los recursos en el Poder Judicial ha sido transparente, eficiente y ordenado, como se plasma en las cuentas públicas, la magistrada refirió que la plantilla de personal creció estratégicamente en un 6% reforzando las áreas administrativas, así como los Juzgados familiares.
“A través de la implementación del turno vespertino se han logrado resultados tangibles, al lograr reducir el rezago de promociones por acortar, en un 57.36%, las sentencias pendientes por dictar en un 15.74%, incrementando en un 28.50% el número de audiencias, radicando la transcendencia de esta medida en el impacto para dar agilidad a los procesos que en su mayoría involucran derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores”, expresó.
Añadió que durante el año 2019, los 6 juzgados familiares de la capital iniciaron 12,068 juicios nuevos, los cuales acumulados a los que continúan en trámite de años anteriores, sumaron un total de 28,776 expedientes, generando 202,006 acuerdos.
“Esas abultadas cifras son muestra del interés que se debe poner en la justicia familiar para que no obstante, la cantidad y complejidad de los asuntos, ésta se imparta en el menor tiempo posible respetando los derechos de los más vulnerables”, añadió.
Espinosa Castorena agregó que la materia mercantil es la que representa el mayor volumen de asuntos en el Poder Judicial de Aguascalientes con 20,910 expedientes nuevos, siendo el 88.7% de ellos, juicios ejecutivo-mercantiles; se actuó en un total de 43,340 asuntos; mientras que en materia civil los 3 juzgados de la capital actuaron en 13,390 expedientes.
Explicó que atendiendo a la calidad de las resoluciones de las y los Juzgadores sólo se concedió el 11.3% de los amparos interpuestos en materia mercantil y el 10.7% en materia civil. Por lo que hace a la Dirección de Ejecutores se realizaron 31,081 diligencias en su mayoría de embargo y más de 116,000 notificaciones, salvaguardando el derecho de defensa dentro de un litigio, así como velando por la legalidad de los procedimientos.
Asimismo, dijo que durante el año 2019 se evaluó el sistema de gestión de oralidad penal y se estableció un nuevo modelo para optimizar el tiempo que las y los jueces destinaban a las audiencias, dando agilidad a la programación de las mismas, en beneficio de quienes se ven involucrados en un asunto de carácter penal, siendo trascendente la reparación del daño obtenida por las víctimas.
Por tanto, agregó, se iniciaron 2,643 carpetas digitales y 865 carpetas administrativas, actuándose en un total de 5,340 carpetas y celebrando 14,105 audiencias a cargo directamente de las Juezas y Jueces de Control y Juicio Oral Penal, siendo el robo el ilícito de mayor incidencia.
En segunda instancia, ante las Salas Civil y Penal que integran las y los Magistrados, se iniciaron 1,698 asuntos, derivados de los recursos presentados para revisar que las actuaciones realizadas en los órganos jurisdiccionales sean apegadas a la ley, generando criterios jurídicos novedosos que inciden en la mejora de la calidad de la justicia.
De igual modo, refirió que se pusieron en marcha las nuevas instalaciones de justicia alternativa para la materia penal, con el propósito de ofrecer un salida alterna al proceso que permita la reparación del daño a las víctimas, la cual tan sólo a través de la justicia alternativa, ascendió a 7,532,733,77 MDP.