Justicia oral: la esperanza de reivindicar a las instituciones

A partir de mayo de 2016, todos los delitos que se cometan en Aguascalientes se juzgarán bajo las normas del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial. A medio año de aplicar las nuevas reglas, la entidad está a la mitad del avance ideal en su implementación y operación, según datos del “Proyecto Justicia” del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

Juan Manuel Ponce, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado, reconoce los retos que implica este cambio, pero se dice confiado en que la institución que encabeza está lista para enfrentarlos. Sobre todo, considera, la justicia oral es una oportunidad para que las instituciones mejoren su imagen ante la sociedad.

“Tenemos toda la confianza del mundo en este nuevo sistema, el cual protege los derechos del inculpado; pero también busca dar una mayor protección a la víctima. Da una mayor transparencia a todos los procesos y eso, indiscutiblemente, va a generar una buena percepción en la sociedad en el sentido de que podrá estar presente cuando alguien esté siendo juzgado”, asegura.

Presupuesto e infraestructura, retos pendientes

El nuevo sistema implica la intervención del Poder Judicial prácticamente desde que se denuncia un delito y como la mayoría se comete en la ciudad capital (porque gran parte de la población vive ahí), 2016 será el año con mayor demanda de infraestructura, capacitación y apertura de plazas para implementar la justicia oral en la entidad. Ponce reconoce que el presupuesto, el cual depende del Congreso y el ejecutivo, es el mayor reto.

Para operar el sistema acusatorio y adversarial en la capital, el Poder Judicial podría abrir 12 nuevas plazas para jueces especializados y más de 60 de otro tipo; habilitará seis nuevos juzgados –además de los que arrancarán este año en Rincón de Romos y Calvillo– y continuará impartiendo capacitación. Los 268 301 000 pesos asignados al Poder Judicial en 2015, calcula el magistrado, deben incrementarse por lo menos 20 por ciento.

“Es un rediseño que nos obliga a incluir personal nuevo; vamos a lanzar un concurso para designar jueces, administradores judiciales y personal (…) Y no solamente es el tema de la infraestructura, sino también del equipamiento y la operatividad. Nosotros, el año que entra, manejamos un presupuesto promedio de 277 millones de pesos para poder operar todo”, explica.

Con la coparticipación federación-estado, se construiría Ciudad Justicia con una inversión de 112 millones de pesos, en unos terrenos comprados por el gobierno del estado al ISSSSPEA, al poniente de la ciudad.

Ponce prevé que “la primera etapa nos la entreguen en el mes de marzo: seis juzgados y un área de mediación en materia penal. La segunda etapa nos la entregarían en el mes de agosto, pero nos daría buen margen para nosotros operar sin contratiempos”.

Cada juzgado oral, explica, es llevado por un staff de 12 personas, incluyendo al encargado de sala y al juez. Las nuevas plazas se concursarán en mayo de 2016, estima el magistrado.

Justicia eficaz y eficiente

La nueva forma de impartir justicia ya es ejecutada en todos los delitos cometidos en Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Asientos, municipios pertenecientes al tercer partido judicial. Jesús María, sede del quinto partido, la opera parcialmente desde mayo pasado. Ponce Sánchez afirma que los resultados han sido positivos.

“La mayoría de los asuntos se ha resuelto a través de salidas alternas y la principal salida alterna es la mediación. Ha estado dando buenos resultados en muchos asuntos que ameritan la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes y terminar el proceso”, celebra, y calcula que el promedio de eficiencia de la mediación es de 90 por ciento.

Datos de la Fiscalía General del estado arrojan los siguientes resultados:

Un Poder Judicial, dos sistemas de justicia

Aun cuando los asuntos ya se litiguen bajo el nuevo sistema, el anterior (el inquisitorial) continuará operando hasta que concluya el último expediente iniciado dentro de él, ya sea en la instancia de amparo o en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta que eso ocurra, el Poder Judicial de Aguascalientes trabajará

“Diría yo que, en los primeros dos años, manteniendo el sistema tradicional tal como está operando. Después, sí deberá verse, progresivamente, cómo el sistema tradicional va a ir mudando hacia el nuevo. Pero, según la experiencia que hemos tenido en la mayoría de los estados, esto se ha llevado entre tres y seis años”, prevé.