El 1 de julio se cumple un año del nacimiento del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA). Este organismo está llamado a sentar en el presente las bases del futuro de la entidad, acorde a lo estipulado en la Ley General de Planeación y Desarrollo del Estado, y el decreto publicado en diciembre de 2020.
Su director, Jorge Manuel Aguirre Hernández, un destacado profesor e investigador en el área del Derecho, destaca que, si bien el gobierno siempre ha tenido un área de planeación, en el inicio de la actual administración estatal un grupo de personas pugnó por el trabajo conjunto con la sociedad en un plan a largo plazo: el ahora establecido Plan 2045.
De tal manera, se conformaron 28 mesas temáticas en las que colaboraron expertos de la sociedad y representantes del gobierno estatal —haciendo cotidiana la participación ciudadana—.
“A través de estos trabajos, se fue introduciendo la necesidad de que la participación ciudadana fuera mucho más activa en la planeación y no solamente a través de las mesas de trabajo […]
Entonces le propusieron al gobernador que la Coordinación de Planeación del Gobierno del Estado se convirtiera en un instituto descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y técnica, así como con una participación ciudadana importante. Eso trajo un proceso deliberativo de revisión de la planeación que empezó a fines del 2018, concluyendo con la estructuración de la ley en 2020”, destaca.
El funcionario explica que dicho instituto descentralizado tendría una Junta de Gobierno. Esta se integraría por quince miembros: siete funcionarios estatales, siete ciudadanos, y el gobernador como presidente (o quien designe en su representación).
“Ahí empezó un proceso muy importante que cambió el modelo de planeación que se había seguido en el estado. Incorpora por primera vez en las decisiones a una parte de la ciudadanía, a través de los consejeros ciudadanos que pertenecen ahora al instituto”, subraya Aguirre Hernández. Agrega que fueron los propios ciudadanos quienes se organizaron para seleccionar a sus representantes, los cuales surgieron de la convocatoria emitida a 35 organizaciones sociales.
Acorde a los sectores que representan, los integrantes ciudadanos de la Junta de Gobierno son: Óscar Carrillo (Empresarial), Armando Ávila (Industrial), Javier Buenrostro (Social), René Anguiano (Salud), José Ángel Palacios (Desarrollo Urbano), José Paulo Bassol (Educativo), y Rebeca Castillo (Ecología y Medio Ambiente).
“La participación de estos ciudadanos es fundamental, sobre todo para un tema que se discute mucho con los cambios sexenales, que es la continuidad de las políticas públicas; la participación ciudadana en la Junta de Gobierno trata de incentivar la toma de decisión de políticas de estado y no de políticas coyunturales. Esto viene a cambiar la visión de la planeación en las tareas de definición de objetivos, proyectos, estrategias, indicadores; es, digamos, un esfuerzo que en mucho cae en la propia ciudadanía. Los consejeros ciudadanos son el cambio de paradigma en la administración”, remarca.