La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el pasado miércoles la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE); el cual determinaba posponer temporalmente las actividades de organización de la revocación de mandato debido a la falta de presupuesto.
La SCJN determinó que el INE debe ajustarse al presupuesto de 1,503 millones de pesos, para llevar a cabo la consulta. Además, señaló que la ejecución del acuerdo del INE pondría en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato.
Sin embargo, la determinación comunicada por la SCJN tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del asunto.
¿Qué dice la Ley de Revocación de Mandato?
La determinación de fondo es de carácter fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato, la cual señala en el artículo 40, que «la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales«.
Además, el artículo 41 determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley.
Dichos mandatos suponen una inversión de 3 mil 830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara la Revocación de Mandato; sin embargo, la Cámara de Diputados realizó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.
Presupuesto destinado para la Revocación de Mandato
Por su parte, el INE sólo cuenta con 1,503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades.
Hasta el momento el proceso de verificación y validación de firmas necesarias para cumplir el requisito constitucional del respaldo del 3% de personas inscritas en la Lista Nominal que detone el ejercicio de participación directa sigue en curso y nunca fue suspendido; por lo que se continúa con la revisión de las firmas en papel que el INE recibió durante los últimos días en más de 1,400 cajas, las cuales se habrán de sumar a 1 millón 44 mil 630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias para que abonen al cumplimiento del requisito.
Así, para el 4 de febrero de 2020, la Dirección del Registro Federal de Electores deberá entregar los resultados de la revisión y validación, para la presentación del informe final sobre el cumplimiento del requisito constitucional.