Este miércoles fue aprobada en el Senado la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas (LGRA) con 88 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones, una versión de la Ley 3de3 “descafeinada», cuyo objetivo es establecer las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves a través de las declaraciones públicas patrimonial, de intereses y fiscal.
La inclusión a “ultima hora” de una disposición exige -además de los servidores públicos- a todas las personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos por contratos de gobierno, presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, de manera pública, salvo aquella información que pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
¿Se podría aplicar?
Al respecto, tanto los senadores del PAN, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunciaron contra la minuta alegando entre otras cosas, la inaplicabilidad en la práctica de las declaraciones de particulares al considerarlas excesivas y de no contribución a la prevención de la corrupción.
En un comunicado, el CCE explicó que la medida, lejos de contribuir a la transparencia, generaría opacidad y desviaría la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
Según el grupo, la redacción propuesta en el Senado sugiere que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas es decir, una gran parte de los mexicanos, tendrían que presentar declaraciones.
Para la CCE la medida, lejos de contribuir a la transparencia, generaría opacidad y desviaría la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
Agregó además que la cantidad de información generada sería imposible de procesar, lo que, además de resultar inútil para fines de prevención de la corrupción, invade innecesariamente los derechos de las personas.
Por su parte el coordinador del PAN Marko Cortés mencionó en la cámara de diputados que buscará modificar la minuta de la LGRA en la sesión extraordinaria de hoy.
“Hoy propondremos una nueva redacción para que el artículo 32 sí permita que las empresas físicas y morales también estén sujetas al escrutinio público, pero con ciertas características, con ciertas modalidades, a partir de ciertos montos, y que no sea en la generalidad porque simplemente su aplicación sería imposible de ejecutar”, mencionó.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un paquete de siete leyes que crean un andamiaje para el combate a la corrupción.