La posición de Aguascalientes como una entidad con alto grado de impunidad, según el Índice Global de 2015 que estudia la materia, es una circunstancia que ya no estamos viviendo, aseguró el fiscal del estado, Óscar González Mendivil.
Los datos manejados en la publicación corresponden a 2014, dicho índice muestra un radiografía de lo que no sirve en el sistema tradicional de justicia y documenta las razones por las que se necesita cambiar, comentó.
En el estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Centro de Estadísticas sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) se asientan deficiencias en el sistema de justicia como la discrepancia entre el número de inculpados y los delitos denunciados. También menciona que hay pocos jueces para el número de habitantes y los que están se encuentran rebasados.
De acuerdo con el fiscal, la implementación del nuevo sistema de justicia penal disminuirá este tipo de irregularidades y los estudios sobre impunidad deberán ajustar sus parámetros para medir la eficiencia de los mismos.
Sin embargo, el Índice Global de Impunidad también revela que el nuevo sistema de justicia penal en Aguascalientes no se ha terminado de implementar (a pesar de que entró en vigor en 2014) y actualmente lleva un desarrollo del 86 por ciento. Otros análisis (como los de la organización Fundar) han señalado al estado como uno de los más atrasados en transición de un sistema de justicia a otro.
En 2015, Aguascalientes recibió 17 millones 705 mil 595 pesos para implementar los juicios orales, adicionales a los 12 millones 893 mil 950 pesos que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) había destinado en 2014.
De acuerdo con el fiscal, se tiene hasta mayo de este año para que los municipios de Aguascalientes y Calvillo terminen de incorporarse al sistema de juicios orales.