Para el derecho internacional la impunidad es la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia negando a las víctimas el derecho a ser reparadas.
La impunidad es común en países que carecen de estado de derecho y sufren corrupción política. Tienen arraigados sistemas de delincuencia organizada, el poder judicial es débil o con escaso número de jueces. En la sociedad se genera la percepción y luego la certeza de que la conducta antisocial no tiene castigo, en México sabemos de impunidad.
El Poder Judicial cuenta con cuatro jueces por cada cien mil habitantes cuando el promedio global es de 17 por cada cien mil. Un país como Croacia, con menos impunidad, tiene 42 jueces por cada 100 mil habitantes, diez veces más que México, donde un juez puede “conocer” 500 casos nuevos en un año. Aguascalientes tiene en total 38 jueces, es decir, tres por cada 100 mil habitantes, uno menos que el promedio del país.
Estas cifras se desprenden del Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, una investigación única en su tipo, que se basa en información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue analizada a fondo durante un año por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
El IGI define impunidad como un sistema que, por razones funcionales o estructurales, no está creando condiciones en la sociedad para castigar los delitos. De acuerdo con los hallazgos, los cinco países con los índices más altos de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia.
La calificación de México fue de 75.7 y se ubicó sólo por debajo de Filipinas, que tuvo un porcentaje de 80. Colombia ocupó el tercer lugar con 75.6 y Croacia aparece con sólo 27.5 por ciento. Menor puntaje significa menor impunidad.
América Latina presenta los mayores indices de impunidad a escala mundial con México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador a la cabeza. Los menores los tienen Panamá y Costa Rica, de acuerdo con los resultados del IGI.
Para llegar a esta conclusión analizaron 23 indicadores, como la cantidad de policías, jueces y ministerios públicos por cada 100 mil habitantes o la cantidad de personal en el sistema penitenciario. Además del número de sentenciados en las cárceles, en comparación con el total de detenidos. El estudio indica que en México, 46 por ciento de los detenidos no tiene sentencia.
Uno de cada cuatro de los 242 mil internos encarcelados en los 419 centros penitenciarios que hay en el país no han recibido condena mediante un proceso legal. Los penales tienen un sobrecupo (hacinamiento) del 26 por ciento, mientras que 79 por ciento del total siguen un proceso del fuero común y 21 por ciento del federal. Y eso que sólo se encierra a un 2 o 3 por ciento del total de delincuentes, si partimos de que la gran mayoría de los delitos no se denuncian.
En Aguascalientes la cifra negra de los delitos no denunciados asciende al 83 por ciento y a 66 por ciento los delitos denunciados ante el Ministerio Público que terminaron en averiguación previa. El porcentaje más alto corresponde al Estado de Yucatán con 84 por ciento, mientras que el porcentaje más bajo corresponde al Estado de Chiapas con sólo el 36.
Efectividad promedio en la sanción del homicidio intencional por entidad
A más homicidios mayor impunidad en México. Los homicidios intencionales se han multiplicado por seis en los últimos años y de 21 mil 046 de los homicidios sólo 3 mil 614 han merecido sentencia condenatoria. En México ocho de cada diez homicidios intencionales quedan impunes, según México Evalúa.
Las asimetrías por estado son impresionantes. Por cada homicidio en Yucatán hay cien en Chihuahua. Es más probable sancionar uno que un ciento, más si ya se acumularon miles.
Las cifras de la impunidad motivan el hecho de que para seis de cada diez entrevistados el estado mexicano no está garantizando el derecho a la justicia. La mayoría considera que en el país no se protegen o defienden los derechos de personas vulnerables como: indígenas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
De acuerdo con datos de la encuesta nacional de vivienda realizada por Parametría, entre los grupos que se identifican más vulnerables en el tema destacan: las personas de otra raza (68%), los indígenas (67%), las personas con otras religiones (66%) y personas con VIH/SIDA (65%).
Otro dato preocupante es que la mayoría de los entrevistados consideran que no están garantizados los derechos y las libertades de las cuales deberíamos gozar. El 68 por ciento señaló que el derecho a la protección contra el crimen y violencia estaban nada o poco garantizado en el país, porcentaje que puede ser explicado por el número de muertes derivado de la lucha contra el narcotráfico. Otro 63 por ciento consideró que el derecho de no ser discriminado por sexo, raza, religión, preferencias personales o condición socioeconómica tampoco estaba garantizado.
