El proyecto de la implementación de la Reforma Laboral en México, que iniciará a finales de este año, trae consigo cambios en tres grandes ejes: un nuevo sistema de justicia laboral, la democratización de la vida sindical y la creación de organismos de conciliación.
Manuel Lozano, Secretario del Trabajo de San Luis Potosí, habló el pasado 16 de julio en el foro virtual T-MEC desafío laboral para la industria automotriz, acerca de la implementación de dicha reforma en el estado, señalando inicialmente que con las negociaciones realizadas para los acuerdos del T-MEC, se veían venir cambios en los aspectos laborales del país.
En el sistema de justicia laboral actual la función jurisdiccional corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales van a desaparecer “y ahora quien va a confrontar los conflictos laborales va a ser el poder judicial estatal, en el caso de los de jurisdicción estatal” y el federal, si es el caso, mencionó Lozano. Estos serán los llamados Tribunales Laborales del Poder Judicial.
Por otro lado, el tema de la democratización de la vida sindical, se refiere a que las y los trabajadores tendrán que ser consultados mediante la expresión de voto libre, personal, secreto y directo ante la elección de sus dirigentes sindicales.
“¿Qué hacer? Democratizar el interior de las organizaciones sindicales dentro de las empresas, democratizar las decisiones de las organizaciones sindicales respecto a temas de salarios y respecto a condiciones generales en un contrato colectivo”, recomendó Manuel Lozano.
El tercer eje consta en la creación de organismos de conciliación prejudicial y obligatoria en conflictos de competencia laboral. Estos organismos serán dotados de personalidad, patrimonio propio, autonomía y serán conformados por personal profesional altamente especializado.
“Habrá de ser algo modesto pero con una legislación sólida, con personal altamente calificado y que ya irá creciendo. Eso sí ya le tocará a próximas administraciones en la medida de la demanda que vayamos teniendo”, instó Lozano.
En el panel, dirigido por Líder Empresarial, el representante de la Secretaría de Trabajo abundó en que este nuevo procedimiento apuesta a la conciliación laboral como un elemento práctico que beneficiará a las partes obreras y patronales.
Reforma a contrarreloj
Por otro lado está el tema de la temporalidad para la implementación de la reforma. El artículo Quinto Transitorio del referido Decreto, establece un plazo máximo de tres años a partir de su publicación para que inicien funciones de manera simultánea, el Centro de Conciliación Estatal y los Tribunales Laborales Locales.
A lo cual, Lozano refirió que “para el primero de mayo de 2022 tiene que estar implementada la reforma laboral en todos los estados. El gobierno federal actual y la Secretaria de Trabajo federal hicieron una propuesta para que fueran diez estados los que la implementaran en 2020, 11 estados las que la implementaran para mayo 2021 y a más tardar 11 estados para mayo de 2022”.
El Secretario destacó que la selección de las primeras diez entidades que implementarán la reforma, donde está incluido San Luis Potosí, se llevó a cabo revisando que los estados contarán con condiciones óptimas, por ejemplo buen clima laboral. Se pretende que el primero de octubre del presente inicie la reforma en SLP, aunque cabe la posibilidad de que la fecha se retrase un par de meses.
“La verdad es que ha sido un reto tremendo, porque pues nos ha detenido mucho el tema de la contingencia de salud”, indicó Lozano, añadiendo que, aunque el gobierno federal brindará cierto estímulo económico, parte importante del presupuesto le corresponde al estado.
¿Qué sucede si alguna empresa falla?
Manuel Lozano reiteró que uno de los temas más controversiales es el referido al posible incumplimiento de alguna empresa, en cuanto a la democracia sindical, el respeto por la participación de las y los trabajadores en las decisiones o alguna cuestión indicada en la reforma.
A lo cual, el secretario, quien cuenta con una amplia experiencia laboral en el sector público, así como en el privado, abundó en que “no hay todavía un mecanismo definido. Sí van a poder intervenir el gobierno de Canadá y Estados Unidos en la verificación de las empresas, pero no hay un procedimiento definido y esto es algo que se está discutiendo al interior del consejo”.
Añadió que, hasta el momento está previsto, no de manera definitiva, que se establecerá un panel representado por los tres gobiernos, “específicamente y de manera muy particular por representantes de estados unidos que habrán de verificar la queja que se presente y se le dará seguimiento para iniciar una investigación”.
En caso de que se confirme que efectivamente hay alguna violación a alguna de las condiciones del tratado, específicamente en lo que a lo laboral respecta, “ese panel determinará si se puede imponer una sanción a la empresa”. Finalizó el secretario, reiterando que este tema aún no está del todo resuelto.