Escrito por Juan Manuel Ávila, presidente de Coparmex Aguascalientes y José Reyes, analista de la OCDE.
México, al igual que el resto de la región de Latín América y el Caribe, experimenta riesgos significantes derivados del cambio climático. La esperada frecuencia e intensidad de eventos como ciclones, inundaciones e incendios forestales ponen en riesgo la calidad de vida de millones de personas. Para el 2050 la severidad de estos acontecimientos naturales generará cuantiosos gastos (entre el 2 y 4% del GDP de la región) para los gobiernos y sociedades de estas latitudes del planeta. Por lo que acciones concertadas por parte de los diferentes sectores de la sociedad son de vital importancia para restructurar planes adecuados de transición y resiliencia ante los impactos del cambio climático.
En esta entrega para Líder Empresarial, ofrecemos un vistazo a un marco general de recomendaciones para que tanto gobiernos nacionales y locales puedan tomar cartas en el asunto, y logren administrar de una mejor manera los inherentes riesgos asociados al cambio climático. Las recomendaciones revisadas aquí son amplias e incluyen un enfoque sobre cómo debe el empresariado entender que estos cambios también impactarán la manera en la que consumimos y producimos. Desde una perspectiva de administración pública y empresarial, nuestro objetivo es proponer estrategias integradas que tomen en cuenta las limitaciones financieras y presupuestales de los gobiernos, pero también fomenten acciones innovadoras del sector privado y de cooperación internacional.
Identificar los riesgos y vulnerabilidades financieras.
Como primer punto debemos de recalcar la imperante tarea de los gobiernos para evaluar los riesgos físicos que el cambio climático puede contraer a sus poblaciones más vulnerables, así como a sus activos más esenciales. Ello implica el evaluar la capacidad de las administraciones gubernamentales de absorber las pérdidas y daños a través de ahorros, prestamos o cobertura de seguro para atenuar cualquier vulnerabilidad financiera ante una catástrofe climática. Estimar el potencial impacto no solo físico, pero también fiscal, así como preparar procedimientos ex ante para compartir gastos y compensaciones son parte esencial de cualquier plan de contingencia.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente desarrolla herramientas y esquemas de financiamientos que sirven como centros de atracción de inversión internacional para estos propósitos. Trabajando en conjunto con instituciones públicas y privadas, el BID implementa colaborativamente sistemas de gobernanza climática, desarrollando instrumentos que promueven inversiones para la reducción de emisiones CO2 de los países, pero también que ofrecen capacidad de acción a gobiernos y empresas en casos de emergencia. El acceso a estos instrumentos se vislumbra impostergable para actores públicos y privados.
Reducción de riesgos y adaptación a la exposición de vulnerabilidades.
Gobiernos y el sector privado deben cambiar la mentalidad de “business as usual”. Gobiernos preparados al cambio climático integrarán los riesgos de catástrofes ambientales en su administración de inversión pública para promover proyectos de mayor duración y resistencia, incluyendo una evaluación de costos de vida de proyecto (capital, gasto operativo y desmantelamiento), que le permitan capturar los beneficios de una adaptación temprana. En este rubro, el integrar consideraciones de proyectos resistentes al cambio climático y usarlas en licitaciones y/o concursos públicos mandará señales de mercado para que el sector privado, tanto financiero como de infraestructura, puedan adaptarse a la proveeduría de servicios y bienes que reflejen beneficios de largo plazo y de resiliencia climática. Paneles solares, reforzamientos de cimientos en infraestructura para evitar inundaciones, y aprovechamiento de temperatura ambiental en infraestructura son algunos de los aspectos a ser considerados en futura obra pública y social.
Los gobiernos, así como instituciones financieras, pueden aprovechas la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático por medio de bonos de mercado acorde a las diferentes necesidades de los países. El financiamiento de deuda puede ser una fuente eficiente de financiamiento para países de baja solvencia, así como acceso limitado a mercados de bonos internacionales. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en ingles) y el Fondo de Adaptación (AF), apoyan actualmente a sectores públicos y privados a estructurar instrumentos financieros dedicados a enfrentar el cambio climático en áreas urbanas. El GEF y el AF otorgan subvenciones, financiamiento combinado y apoyo de políticas que ayudan a los países en desarrollo a abordar sus prioridades ambientales y adherirse a las convenciones ambientales internacionales.
Movilizar cooperación internacional
Una tercera recomendación tiene que ver con la coordinación de actores públicos y privados con agencias de apoyo multilateral. Desde una perspectiva estratégica hasta operacional y técnica, estos acercamientos pueden asegurar mayores oportunidades de financiamiento y distribución de conocimiento que ayuden a las partes involucradas a adaptar sus estrategias con prácticas innovadoras a nivel internacional, incrementar los niveles de financiamiento y hacer que la disponibilidad de fundos financiero contra el cambio climático sea menos volátil.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en este sentido, ofrece plataformas como el Programa de Pérdida y Daños del Cambio Climático con el fin de acercar a gobiernos y sector privado al debate sobre riesgos e incertidumbres inherentes en el del cambio climático. El programa examina el rol de las políticas públicas, las finanzas y el desarrollo tecnológico de los países para incentivar acción colaborativa y apoyo intergubernamental.
Adaptarse a las nuevas señales de mercado
Finalmente, desde la perspectiva empresarial se debe contemplar que el cambio climático ha ocasionado una fuerte disrupción en la manera en la que consumimos y producimos. Casos como la Clean Energy EO, que es la orden ejecutiva por parte de la administración de Joe Biden, la cual, mandata una serie de acciones entre las que destacan que los grandes proveedores del Gobierno Federal de los Estados Unidos tendrán que entregar reportes de sus emisiones de alcance 1 y 2 (que son las emisiones de sus procesos productivos más las de sus insumos y proveedores) y como pretenden reducirlas. Esto es claramente un cambio drástico en la manera en la que, el comprador más grande del mundo cambia la manera en la que consume.
Lo lógico entonces es que si el consumo esta presentando cambios también lo haga así la manera en la que producimos, el enfoque debe ser entonces, producir contemplando precisamente la emergencia climática en la que vivimos. Ejemplos de como la incorporación de la huella de carbono en nuestros procesos productivos puede llevarnos a localizar una planta en una ubicación distinta a la original, que es el caso de Phillip Morris, que a través de su plan hacia la neutralidad de carbono, como política interna determina un precio sombra de $65 USD a la tonelada de CO2 equivalente, así mismo determina un costo fiscal de $8 USD por tonelada. Esto lo que hace es encarecer la producción donde sin importar otros enfoques económicos como la mano de obra o precio de los suministros, hay un costo ambiental que podría cambiar la decisión de instalar una planta productiva. Todo esto tiene que ver con entender que el mercado de carbono toma mayor relevancia en las decisiones gubernamentales, pero también empresariales.
La orden ejecutiva antes mencionada es un claro ejemplo de cómo debemos estar delante de las tendencias del mercado, ya que, cuando se publicó la antes mencionada orden, ya el 65% de los grandes proveedores del gobierno federal de los Estados Unidos, estaban cumpliendo con una política en esa misma dirección. El reto del lado de las empresas en México es, ¿si llega un cambio regulatorio como este, de qué lado vamos a estar?, ¿del lado del 65% que se adelantó, o del restante que solo observó?
En conclusión, los retos por la emergencia climática impactan la gobernanza dentro de las naciones, haciéndolas propensas a determinar los riesgos a nivel país y adelantarse a los impactos en la manera en la que consumimos y producimos.